
La percepción de corrupción volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública tras el estallido del Chifagate, un escándalo que expuso reuniones clandestinas del presidente José Jerí con empresarios chinos fuera de todo registro oficial. Las imágenes del mandatario ingresando encapuchado a un chifa y a un local clausurado del barrio chino de Lima alimentaron sospechas sobre la transparencia de su conducta y reavivaron el debate sobre la influencia de intereses privados en el poder político.
Ese malestar ciudadano se tradujo rápidamente en un juicio severo sobre el comportamiento presidencial. Según una encuesta de Ipsos para Perú21, el 78% de los peruanos considera que las salidas no registradas de José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang son sospechosas y revelan indicios de corrupción, frente a un 15% que no advierte irregularidades en dichos encuentros.
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El estudio corresponde a una encuesta nacional urbano-rural realizada por Ipsos Perú los días 22 y 23 de enero de 2026, aplicada a 1.207 personas mayores de 18 años en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao. El sondeo presenta un margen de error de ±2,8%, con un nivel de confianza del 95%, y fue ejecutado mediante entrevistas presenciales en hogares bajo un muestreo por conglomerados estratificado.
Reuniones con empresario chino abren sospechas de corrupción
Las salidas clandestinas de José Jerí, realizadas sin registro en la agenda oficial ni en el portal de transparencia, se han convertido en el principal pasivo político de su gestión. De acuerdo con la encuesta de Ipsos, el 78% de los consultados considera que estas reuniones son sospechosas y proyectan señales claras de posibles actos de corrupción, mientras solo un 15% cree que no revelan nada irregular.
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La percepción negativa se vio reforzada por las versiones contradictorias ofrecidas por el propio presidente. En el lapso de tres días, Jerí dio explicaciones distintas sobre la naturaleza de los encuentros con Zhihua Yang: primero sostuvo que se trató de una invitación para coordinar actividades protocolares, luego admitió que él mismo organizó la cita y finalmente pidió disculpas públicas, asegurando que fue un “error” y no un acto ilícito. Para amplios sectores de la ciudadanía, estas inconsistencias dañaron aún más su credibilidad.
Resultados de la encuesta en torno a la permanencia de Jerí en el gobierno
A pesar del alto nivel de sospecha, el estudio revela una paradoja política. El 62% de los peruanos considera que lo más conveniente para el país es que José Jerí continúe en el cargo hasta el final de su mandato. En contraste, un 36% opina que debería dejar la presidencia y ser reemplazado por otro congresista.
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Según el analista político José Carlos Requena, estos resultados reflejan una inclinación social hacia la estabilidad luego de años marcados por la vacancia presidencial, la polarización y el desgaste institucional. En esa línea, las reuniones cuestionadas del mandatario “grafican claramente el principal pasivo que deberá enfrentar en los meses que le quedan en el cargo”, pero no necesariamente se traducen en un respaldo mayoritario a una nueva salida anticipada.

Chifagate: las reuniones con empresarios chinos y la red de intereses empresariales
El Chifagate estalló tras la difusión de imágenes que muestran a Jerí en dos reuniones reservadas con Zhihua Yang: una, el 26 de diciembre de 2025, en un restaurante-chifa; otra, el 6 de enero de 2026, en el Market Capón del barrio chino, local que se encontraba clausurado por orden municipal. Ninguna de estas citas fue registrada oficialmente, lo que desató sospechas inmediatas.
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Yang no es un empresario menor. Lleva más de dos décadas en el Perú y dirige un conglomerado con presencia en sectores estratégicos como energía, construcción e industria. Entre sus proyectos más relevantes figura la concesión de la Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, en Apurímac, valorizada en más de 224 millones de dólares. Además, empresas vinculadas a su entorno han contratado servicios profesionales del hermano de la expresidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, investigado por presunta organización criminal.
El caso se agravó cuando se conoció que Ji Wu Xiaodong, empresario chino con antecedentes por crimen organizado y tráfico ilegal de madera, ingresó en al menos tres ocasiones a Palacio de Gobierno acompañado por Yang, pese a contar con una orden de arresto domiciliario. Estos hechos evidenciaron serias fallas en los protocolos de seguridad y levantaron dudas sobre una posible red de protección institucional.
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Mociones de censura, vacancia y el futuro político de José Jerí
La Fiscalía de la Nación abrió investigaciones preliminares por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias, mientras la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al presidente para que explique las circunstancias de los encuentros y la ausencia de registro oficial. En paralelo, se presentaron seis mociones de censura y al menos una de vacancia por “incapacidad moral permanente”.

El partido Somos Perú, al que pertenece Jerí, inició un proceso disciplinario interno, mientras distintas bancadas adoptaron posturas expectantes ante la posibilidad de una salida presidencial. Especialistas en derecho constitucional señalan que, de prosperar una censura, el escenario más probable sería una sucesión interina desde el Congreso, sin afectar el calendario electoral de 2026.
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El escándalo ha profundizado la fragmentación política en el Parlamento. Mientras algunos legisladores impulsan la vacancia inmediata, otros apuestan por una censura como salida menos traumática. Analistas coinciden en que el Congreso enfrenta el dilema de sancionar una conducta percibida como irregular sin agravar la inestabilidad que ha marcado al país en los últimos años.
En este escenario, el Chifagate se consolida como un símbolo de la desconfianza ciudadana hacia la clase política. La encuesta de Ipsos deja en claro que, aunque la mayoría de peruanos percibe corrupción en las acciones del presidente, también existe un fuerte cansancio frente a las crisis sucesivas. El desenlace del caso no solo definirá el futuro inmediato de José Jerí, sino que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre poder, transparencia y legitimidad democrática en el Perú.
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