La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) intensificó las diligencias preliminares en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias que involucra al presidente José Jerí y al empresario chino Zhihua Yang. La fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara dispuso una serie de acciones orientadas a esclarecer el contenido y las circunstancias de al menos dos reuniones fuera de Palacio de Gobierno que han desatado una crisis política y mediática de alto impacto.
La pesquisa, iniciada a raíz de reportajes difundidos por Cuarto Poder y Punto Final, se centra en los encuentros sostenidos por Jerí y Yang el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante chifa del distrito de San Borja y el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón, propiedad de Yang, clausurado por la municipalidad el mismo día de la visita presidencial. Ambos eventos han sido señalados como presuntos escenarios de gestiones irregulares.
Con el objetivo de obtener pruebas objetivas sobre la naturaleza de estos encuentros, la fiscal Paico Guevara ordenó la recopilación de videos de las cámaras de seguridad pertenecientes a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de San Borja y un inmueble particular ubicado en San Borja. Estas imágenes permitirán establecer la cronología de los hechos, la identidad de los participantes y la dinámica de las reuniones, así como verificar la presencia o ausencia de funcionarios públicos y terceros relacionados.
La recolección de material audiovisual se considera fundamental para determinar si existieron gestiones indebidas, acuerdos informales o cualquier acto que pueda configurar el delito de tráfico de influencias. Además, se busca corroborar si el mandatario ingresó a los locales en horarios inusuales, bajo condiciones reservadas o sin los registros oficiales requeridos por las normas de transparencia de la función pública.
La apertura de la investigación fue confirmada por fuentes del Ministerio Público, quienes detallaron que el caso se encuentra bajo estricta reserva y responde a la gravedad de los señalamientos. El proceso se inició formalmente el 15 de enero, poco después de que los medios revelaran la existencia de las reuniones fuera de agenda oficial.
En paralelo, se supo de tres visitas a Palacio de Gobierno por parte de Ji Wu Xiaodong, otro empresario chino investigado por crimen organizado y tala ilegal, lo que ha añadido presión sobre la necesidad de esclarecer el nivel de acceso y control en la sede del Ejecutivo.
De acuerdo con el marco fijado por el Tribunal Constitucional, la Fiscalía solo puede ejecutar tres tipos de diligencias cuando se trata de un presidente en funciones: tomar declaración al mandatario, solicitar información y requerir entrega de documentos. Todas estas actuaciones deben ser urgentes y estrictamente necesarias, con el objetivo de preservar la dignidad y el normal desarrollo de la función presidencial. Tras agotar estos procedimientos, la investigación debe suspenderse hasta la finalización del mandato, momento en el que podría retomarse para evaluar eventuales responsabilidades penales.
José Jerí se pone a disposición de la justicia
En respuesta a la apertura de la investigación, la Presidencia de la República remitió un oficio formal al Ministerio Público en el que el presidente Jerí expresa su voluntad de colaborar plenamente con la justicia. El documento, dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y firmado por el secretario general Benito Roberto Villanueva Haro, destaca la “plena voluntad de brindar las declaraciones y aclaraciones que resulten pertinentes”, en respeto al orden constitucional y a los principios de colaboración entre instituciones.
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