Ocho agentes de la Policía Nacional del Perú permanecen bajo detención preliminar, acusados de extorsión a detenidos y apropiación de bienes durante operativos realizados en el marco del estado de emergencia en diversos distritos de Lima Metropolitana.
Las investigaciones apuntan también a que algunos de los implicados ya habían sido intervenidos por hechos similares meses atrás, lo que agrava la preocupación por posibles patrones de corrupción policial.
Detalles del operativo y detenciones recientes
Las operaciones se realizaron mediante allanamientos simultáneos en siete distritos, incluyendo Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino, Puente Piedra y, especialmente, San Martín de Porres.
En estos procedimientos se incautaron dispositivos electrónicos, documentos y vehículos presuntamente utilizados en las detenciones irregulares.
En la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) San Martín de Porres se encontraron bienes que podrían estar relacionados con los delitos cometidos. Los registros incluyeron la participación de equipos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte junto con unidades policiales.
Perfil de los policías implicados y antecedentes
Entre los principales investigados figuran el alférez Peter Llanca y los suboficiales Edwin Acuña, Ronald Castillo, Neil Rafael, Julio Raime, Miguel Egas, Junior Mauricio y Mauricio Benavides, todos asignados al Depincri San Martín de Porres.
Destaca que Egas, Mauricio y Benavides ya habían sido detenidos el 12 de enero de este año por hechos de corrupción de funcionarios.
En otro proceso vinculado, fue detenido el coronel Mervin Sánchez, jefe de la División de Fronteras, junto con los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León. Esta estructura sugiere la posible existencia de una red interna con mandos superiores y personal de distintas jurisdicciones.
Patrones de extorsión
Según la denuncia fiscal, el hecho principal ocurrió en mayo de 2025. Los agentes ingresaron a un hospedaje de San Martín de Porres amparados en el estado de emergencia, argumentando la intervención a ciudadanos extranjeros.
Dentro del local, se apropiaron de dinero y bienes mediante el uso de la fuerza y trasladaron a los ciudadanos y a la propietaria al Depincri.
En la dependencia policial, uno de los policías —en presencia de los demás— habría exigido dinero a la esposa de uno de los detenidos a cambio de su liberación.
En un episodio similar en Lurín, agentes interceptaron a dos ciudadanos y, tras despojarlos de su vehículo, los llevaron a la sede policial.
La denuncia fiscal indica que los uniformados intentaron plantar pruebas con sustancias ilícitas para forzar a las víctimas a pagar y evitar una acusación fabricada.
Se presume que el alférez Junior Mauricio actuó como vínculo para que los detenidos negociaran con el coronel Sánchez, quien habría solicitado tres mil soles a cambio de libertad y retiro de la acusación falsa.
Impacto institucional y reacciones oficiales
La detención de los policías implicados ha provocado indignación social y cuestionamientos sobre la integridad en la Policía Nacional del Perú. El uso del estado de emergencia como pretexto para prácticas ilícitas preocupa a la ciudadanía y a las autoridades.
El Ministerio Público y la fiscalía especializada han destacado la importancia de sancionar con rigor estos delitos para asegurar la legitimidad institucional y la confianza pública. Se han anunciado nuevas medidas de control y evaluaciones internas en las comisarías involucradas.
Incautaciones
En los operativos se confiscaron celulares, computadoras portátiles y memorias USB pertenecientes a los investigados, además de realizar el registro de dos vehículos oficiales utilizados en los traslados ilícitos.
Estas pruebas serán sometidas a peritajes para identificar a más víctimas y delimitar el alcance de la presunta red de extorsión.
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