El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se conectó a la audiencia judicial que evalúa la aplicación de la ley de amnistía a los militares procesados por la masacre de Caraya. Si bien la audiencia es pública y cualquier persona puede acceder a ella, su participación generó especial preocupación.
Lo que llamó la atención de organizaciones de derechos humanos y de los abogados defensores de las víctimas fue que, antes de aparecer en la sala virtual, Rospigliosi publicó una columna en la que pedía la detención de los tres magistrados del caso, consignando sus nombres y apellidos, en caso de que decidieran inaplicar la ley de amnistía.
Ante la conducta del fujimorista y sus declaraciones públicas solicitando la detención de jueces a quienes acusa de “prevaricadores”, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Jusdem) emitió un pronunciamiento en el que condenó estos hechos y advirtió una clara interferencia política en el proceso judicial.
“La independencia judicial no admite amenazas”
En su comunicado, Jusdem rechazó categóricamente la injerencia del congresista, al considerar que constituye una intromisión directa e indebida en la función jurisdiccional y vulnera el principio de independencia judicial consagrado en la Constitución Política del Perú.
La asociación advirtió que este tipo de conductas, especialmente en procesos de alto interés público, envían mensajes de presión y amedrentamiento a jueces y juezas. Recordó, además, que ninguna autoridad política está facultada para condicionar o interferir en decisiones judiciales en curso. El uso del cargo congresal para influir o intimidar a los órganos jurisdiccionales resulta incompatible con el orden democrático y puede acarrear responsabilidad política e institucional para quien lo ejerza.
Jusdem también alertó sobre el riesgo de promover discursos públicos orientados a la remoción de magistrados en función del contenido de sus fallos, reproduciendo prácticas autoritarias que subordinan la justicia al poder político. Estas acciones —señaló— erosionan los contrapesos del Estado y constituyen una amenaza directa al sistema constitucional de derecho.
Finalmente, la asociación sostuvo que la interferencia política en procesos judiciales excede los límites del derecho de opinión y puede generar responsabilidad constitucional, política y penal, por lo que exigió una respuesta institucional firme para salvaguardar la autonomía del Poder Judicial.
El giro de Rospigliosi: de condenar la matanza a amenazar jueces
La abogada defensora de las víctimas de la masacre de Caraya, Gloria Cano —quien, debido a la Ley APCI, debió ejercer como abogada particular y no como representante de Aprodeh—, advirtió sobre el radical cambio de postura de Fernando Rospigliosi.
En una entrevista con Epicentro TV, Cano mostró un escrito de autoría del congresista fujimorista elaborado en 1990 sobre la masacre de Cayara. En su Alegato por Cayara, Rospigliosi sostenía de manera expresa que se había cometido una masacre contra civiles indefensos y que existió una política estatal de exterminio. Hoy, en contraste, afirma que se trató de un enfrentamiento con terroristas, presenta a los responsables como héroes y plantea que, si los jueces continúan con el proceso, deberían ser destituidos y detenidos.
Sobre este último punto, Gloria Cano advirtió que existía la sospecha de que los magistrados pudieran ser detenidos durante la audiencia, la cual inicialmente estaba prevista de forma virtual, pero que terminó realizándose de manera presencial tras la insistencia de los familiares de la parte acusada.
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