
El Gobierno peruano aprobó la ampliación de la extradición activa de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, para que sea procesado en el Perú por el delito de extorsión. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 009-2026-JUS, firmada el 14 de enero de 2026, luego de que la Corte Suprema declarara procedente el pedido formulado por la Corte Superior de Justicia del Santa.
La medida responde a una solicitud específica de ampliación, distinta al proceso de extradición ya aprobado por otros delitos graves. De acuerdo con el marco legal vigente, la extradición solo puede ser concedida por el Poder Ejecutivo, previo informe favorable de la Corte Suprema y de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas. En este caso, dicho órgano recomendó acceder al pedido tras evaluar la documentación remitida.
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La ampliación permitirá que Rodríguez Díaz sea juzgado también por extorsión agravada en grado de tentativa, delito que no estaba comprendido inicialmente en la primera solicitud de extradición.
Los otros delitos por los que será procesado en el Perú
La ampliación de la extradición se suma a un proceso penal mucho más amplio que enfrenta alias ‘Cuchillo’ en el Perú. La Corte Suprema ya había aprobado, en julio de 2025, la extradición activa para que sea procesado por los delitos de organización criminal, homicidio calificado, sicariato agravado y lavado de activos, conforme a lo solicitado por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, en La Libertad.
Según las resoluciones judiciales, Rodríguez Díaz es señalado como fundador de una presunta organización criminal creada en 2023, dedicada a actividades ilícitas como el tráfico de armas de fuego y explosivos, homicidios calificados, secuestros, extorsión, robo de minerales auríferos y lavado de activos. En ese entramado criminal se identificó a otros presuntos integrantes, entre ellos José Ramiro Lozano Peche, alias ‘Técnico’, y Gianpierre Eduardo Baca Infante, alias ‘Norteño’.
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La investigación judicial determinó que los delitos imputados no fueron hechos aislados, sino parte de una estructura criminal organizada, con roles definidos y una finalidad económica ligada al control violento de zonas mineras. En el caso del lavado de activos, las pesquisas apuntan a la conversión de dinero ilícito proveniente del robo de minerales mediante la adquisición de bienes, vehículos y la construcción de inmuebles.
La fuga a Colombia y su posterior captura
El nombre de Miguel Antonio Rodríguez Díaz pasó a ocupar el centro de la atención pública a inicios de mayo, cuando fue señalado por la expresidenta Dina Boluarte como presunto autor intelectual de la masacre ocurrida en Pataz, en la región La Libertad. Tras conocerse públicamente su presunta implicancia, el investigado abandonó el país y se trasladó a Colombia, evadiendo inicialmente la acción de la justicia peruana.
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Su huida, sin embargo, fue breve. El 12 de mayo, agentes de Interpol lo capturaron en territorio colombiano, luego de que se emitiera una alerta roja en su contra. Desde entonces, Rodríguez Díaz permanece detenido en ese país, mientras se desarrollan los trámites judiciales y diplomáticos para concretar su traslado al Perú.
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