
Una revisión nacional encabezada por la Contraloría General de la República (CGR) expuso 1.730 vehículos policiales inoperativos, 1.823 computadoras malogradas e infraestructura deficiente en cientos de dependencias de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El operativo, denominado “Comisarías Básicas PNP 2025”, se realizó entre octubre y noviembre de 2025 en 485 comisarías, y arrojó 2.582 situaciones adversas que ponen en jaque la operatividad policial, según reportó la Contraloría General.
La investigación de la CGR cobró notoriedad luego de incidentes como el desprendimiento del techo en la comisaría de Surquillo. Este hecho encendió las alertas sobre las condiciones en que el personal policial se desempeña diariamente, en medio de un contexto marcado por el aumento de la inseguridad ciudadana.
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Lima Metropolitana, Áncash, Puno, Ayacucho y Cajamarca concentran la mayor cantidad de comisarías con problemas, sumando más de mil delegaciones afectadas en estas regiones.
De acuerdo con el estudio, la mitad de los 4.121 vehículos inspeccionados (motocicletas, camionetas y automóviles) permanece fuera de servicio por falta de mantenimiento. Esta situación limita la cobertura del patrullaje y debilita la capacidad de respuesta ante delitos o emergencias.
El diagnóstico también revela que los equipos informáticos presentan fallas serias: de las 6,835 computadoras revisadas, más de una cuarta parte está inoperativa. El panorama se replica en las impresoras (2,132 de 4,049 dañadas) y escáneres (141 de 532 con problemas), lo que obstaculiza tareas administrativas y manejo de información.
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Riesgos para el personal y el servicio
El informe detalla, además, que los chalecos antibalas resultan insuficientes, y muchos de ellos están vencidos, rotos o inutilizables, exponiendo a los efectivos a peligros innecesarios durante operativos.
Esta carencia se suma a la precariedad en el mobiliario: escritorios, sillas, estanterías y colchones en mal estado dificultan la labor y afectan la seguridad de quienes trabajan y acuden a las comisarías.
La infraestructura también genera preocupación. Más de la mitad de las dependencias evaluadas supera los 30 años de antigüedad y requiere trabajos de renovación.
El reporte destaca que 72 delegaciones fueron construidas con adobe, lo que las vuelve especialmente vulnerables a fenómenos como sismos y humedad. Delegaciones como Palacio Viejo (Arequipa), Sitajara (Tacna) y Punta Moreno – Gran Chimú (La Libertad) figuran entre las más afectadas.
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La falta de recursos humanos agrava el escenario: 39 comisarías no disponen del número mínimo de efectivos, lo que repercute negativamente en el patrullaje y la prevención del delito. Además, 208 delegaciones no formularon ni aprobaron el “Plan de patrullaje por sector para el año 2025”, una omisión que impide la adecuada asignación de recursos y limita la cobertura territorial. En Lima Metropolitana, Cajamarca y La Libertad este problema se repite con frecuencia.
La ausencia de herramientas de información para la ciudadanía también fue señalada por la Contraloría General. En 107 comisarías no existe difusión del “Mapa del delito”, lo cual dificultaría a los vecinos identificar zonas y horarios de mayor riesgo. Además, 12 delegaciones no han elaborado este documento, lo que limita la transparencia y la participación comunitaria.
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El informe fue remitido al titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, con recomendaciones para adoptar medidas orientadas a mejorar las condiciones de las comisarías y así fortalecer la seguridad ciudadana. La Contraloría General subrayó que la atención urgente a estas deficiencias resulta clave para garantizar el servicio policial y restablecer la confianza pública.
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