Esposa de transportista baleado encaró al presidente José Jerí en acto oficial y denunció abandono estatal: “¿Quién me apoya a mí?”

En los exteriores del terminal terrestre de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, una escena imprevista alteró el curso de una actividad oficial. El presidente José Jerí participaba de una reunión con gremios de transporte, convocada en medio del anuncio de un paro nacional, cuando una mujer logró atravesar el cerco de seguridad y acercarse al mandatario. Su voz, quebrada por la urgencia, irrumpió en un espacio diseñado para discursos y acuerdos formales.

El encuentro transcurría bajo protocolos estrictos y con la presencia de funcionarios, representantes del Ejecutivo, efectivos policiales y dirigentes del sector. Sin embargo, el reclamo individual de una esposa de transportista desplazó por minutos la agenda prevista. Frente a cámaras y testigos, la mujer expuso una historia marcada por la deuda, la violencia y la falta de respaldo institucional.

La escena concentró la atención de los asistentes. No se trató de una consigna colectiva ni de una proclama gremial, sino del pedido directo de una ciudadana que buscaba una respuesta concreta. La mujer insistió en acercarse al presidente, pese a la resistencia inicial del personal de seguridad, y expresó su frustración ante lo que percibe como abandono de las autoridades.

Según lo observado en el lugar, la mujer burló el dispositivo de seguridad para llegar hasta el mandatario. En medio del forcejeo verbal, rechazó el trato recibido por los agentes encargados de resguardar la ceremonia. “No voy a hacer nada, no tengo nada. ¡No me toque! ¡No me toque! Sácame la mano. ¡Sácame la mano! Así debe ser para los delincuentes, no para nosotros. Permiso, permiso, déjeme pasar. Suélteme, no me toque. No me toque. Déjeme enseñarle algo”, expresó mientras intentaba avanzar.

El episodio reflejó la tensión entre el control estatal y la desesperación de una persona que buscaba ser escuchada. La mujer llevaba consigo una bolsa, que mostró para evidenciar que no representaba una amenaza. Su insistencia no respondía a un acto político organizado, sino a la urgencia de una situación personal que, según relató, se volvió insostenible.

Una deuda médica y un hogar sin ingresos

Cuando logró situarse cerca del presidente José Jerí, la mujer detalló las razones de su reclamo. Relató la existencia de una deuda con un centro de salud que no podía cubrir y la presión constante de personas que exigían el pago. “Acá no hay familia. Algunos amigos, compañeros han apoyado, debo toda esta cantidad. ¿Quién me apoya a mí? ¿Quiénes le van a dar comida a mi, a mi hijo, a sus hijos de mi pareja? Porque tiene doce, más o menos”, manifestó ante los presentes.

La mujer explicó que su esposo, transportista de la empresa Santa Catalina, no retomaba labores desde hace varios meses. “Mi marido todavía no trabaja por más de cuatro meses, cinco meses. Lo balearon. Lo balearon. Y no es justo”, afirmó, con pausas que evidenciaron la carga emocional del relato. También señaló que intentó ubicar al mandatario en otras ocasiones. “Fui a buscarlo hasta el congreso. No pude conseguirlo, no pude llegar”, añadió.

Luego del momento de tensión, personal del despacho presidencial intervino y la mujer recibió atención tanto del presidente José Jerí como de su equipo. Minutos después del cierre de la ceremonia, ya no se encontraba en el terminal terrestre. Desde su breve declaración, confirmó la gravedad de las lesiones de su esposo y la necesidad de apoyo económico para su familia.

El episodio ocurrió ante la mirada de autoridades del Ejecutivo, efectivos policiales y representantes de los gremios de transporte. La escena puso rostro a una problemática que los dirigentes del sector vienen denunciando desde hace meses, vinculada a la violencia contra conductores y sus consecuencias directas en los hogares afectados.

Un diálogo marcado por la violencia en el sector transporte

La reunión entre el gobierno y los gremios se desarrolló en un contexto de inseguridad creciente. Martín Ojeda, dirigente de Transportes Unidos, advirtió sobre la dificultad de suspender la medida de fuerza anunciada por el sector. “Es difícil que se suspenda porque las empresas de transporte están cansadas de los atentados y homicidios a choferes por las mafias extorsivas”, declaró el portavoz.

Transportes Unidos reúne cerca de 12 mil vehículos pertenecientes a empresas como La 50, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú. Estas organizaciones comunicaron su adhesión a la protesta prevista inicialmente para el 15 de enero y, tras coordinaciones gremiales, se sumaron a una nueva convocatoria consensuada.

Las cifras presentadas por los sindicatos dimensionan la gravedad del escenario. Según Ojeda, el sector registra una muerte de transportista por día, un nivel de violencia que supera episodios previos que motivaron protestas en meses anteriores. “Ahora ha sido una racha, prácticamente un fallecido al día exclusivamente del gremio de transporte público”, denunció. También alertó sobre el uso de armas de guerra en los ataques, un factor que incrementa la preocupación entre trabajadores y familias.

La irrupción de la esposa del transportista en San Juan de Lurigancho quedó registrada como un reflejo directo de esa realidad. Su pregunta, lanzada frente al presidente —“¿Quién me apoya a mí?”— resonó en un acto pensado para el diálogo formal y expuso, sin intermediarios, el impacto humano de la violencia que atraviesa al transporte público.