Una agente de la Policía Nacional (PNP) pagó casi tres mil soles para que una empresa le elaborara su tesis, pero el trabajo resultó defectuoso y decidió denunciar el caso ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Según un informe publicado este jueves por el portal La Contra, que exhibió el documento oficial, Enne Karina Jallo Pino, suboficial de segunda de la PNP hasta septiembre de 2024, interpuso una denuncia administrativa contra Tesis Consulting.
En su escrito, remitido en agosto del año pasado, señaló que dicha empresa incumplió el servicio de elaboración y asesoría de su investigación, contratado por S/2 790,00. El trabajo encargado llevaba por título “Impulsividad y su relación con la salud mental positiva en el personal policial de control de multitudes de la PNP” y su destino sería la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).
Indecopi no se pronunció sobre la calidad del texto ni sobre la idoneidad del asesor, sino sobre la legalidad del acuerdo. En octubre, el organismo concluyó que el contrato tenía una finalidad ilícita.
La resolución estableció que el propósito de la contratación era desarrollar un trabajo de investigación para su sustentación, lo que implicaba que Jallo planeaba “realizar una exposición de lo desarrollado e investigado por Tesis Consulting, atribuyéndose la autoría del referido trabajo, teniendo en cuenta que no sería posible obtener el grado académico presentando una tesis en la que la denunciante atribuya su autoría a terceros o personas distintas a ella”.
“El Código Civil regula respecto de los elementos esenciales del, la validez del acto, por lo que se requiere que su fin sea lícito; por lo tanto, en aplicación al hecho principal materia del presente procedimiento, la manifestación de voluntad de las partes a través de la cual se celebró el contrato debió ser dirigida a la protección de la normativa, pero si la intención fue contraria; es decir, una finalidad ilícita, produciría la nulidad absoluta del acto jurídico, lo cual ocurre en el presente caso”, continúa el documento.
El órgano resolutivo aclaró además que el contrato entre la agente y la compañía “no califica como una relación de consumo; por lo que, todas las obligaciones y reportes derivados de dicha relación no pueden ser sometidas al amparo de las normas de protección al consumidor”.
La Contra buscó la versión de Jallo y de la universidad, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, la implicada envió un correo a Infobae Perú para denunciar la falta de protección de sus datos, la violación de su privacidad y el perjuicio a la imagen de una institución “ajena al caso”. Además, comunicó que ya existe una denuncia contra funcionarios de Indecopi por divulgar información mientras la investigación se encuentra en curso.
Por su parte, Dani Jesús Díaz Quinto, gerente general de Tesis Consulting desde enero de 2022, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
El empresario manifestó desconocer el caso y que otra área de la empresa lo gestionaba. Ante la consulta sobre los servicios ofrecidos por su firma, indicó que tenía una reunión y pidió comunicarse más tarde, pero no volvió a responder.
Díaz Quinto también figura como contacto en otra compañía dedicada a transformar ideas en logros académicos. Los precios varían entre cuatro mil soles por una tesis completa y cinco mil quinientos por el paquete ‘premium’, opción que incluye la redacción, la corrección de observaciones del jurado y la devolución del dinero si la tesis no es aprobada. Además, ofrecen descuentos por recomendación, siempre según el portal.
Práctica repetida
De acuerdo con Percy Mayta Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, al menos 50 revistas científicas peruanas mantienen vínculos con quince empresas dedicadas a la asesoría de tesis. Algunas de estas firmas cuentan con más de cien empleados.
El especialista señaló que el Código Penal no sanciona la compra y venta de tesis, pero sí el plagio, que implica presentar una obra ajena como propia y puede acarrear hasta seis años de prisión. Agregó que muchos estudiantes recurren a estos servicios porque varias universidades no ofrecen cursos previos para la elaboración de tesis, aunque la exigen para graduarse.
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