Una auditoría de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre los procesos de contratación de la Municipalidad Distrital de Miraflores. El informe identifica irregularidades en la adjudicación de cinco obras públicas valorizadas en más de S/ 11,8 millones, donde se habrían aplicado criterios dispares, descalificado ofertas de manera injustificada y otorgado la buena pro a empresas vinculadas entre sí.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 016-2025-2-2161-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2023 y el 3 de marzo de 2025, examinó cinco procedimientos de selección vinculados a obras de movilidad urbana y espacios públicos en el distrito de Miraflores.
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Entre ellos figuran dos licitaciones públicas y tres adjudicaciones simplificadas, destinadas al mejoramiento de avenidas, calles, pistas y espacios urbanos, por un monto total de S/ 11′822.017,79.
Descalificaciones y admisiones sin criterios uniformes
Según la Contraloría, los comités de selección aplicaron criterios distintos ante situaciones similares, lo que derivó en la no admisión de ofertas por errores formales y materiales que eran subsanables, pese a que la normativa de contrataciones y las bases integradas lo permitían.
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En algunos casos, se exigieron formalidades no contempladas en las bases, como firmas legalizadas, coincidencia exacta de fechas o redondeo de decimales, mientras que otras ofertas con errores similares sí fueron admitidas, evidenciando un trato desigual entre los postores.
Casos específicos de observaciones
En la Licitación Pública n.° 004-2023-CS-MM-1, destinada al mejoramiento de la avenida Roca y Boloña, se rechazaron 18 de las 23 ofertas presentadas por defectos subsanables. Aunque cinco propuestas fueron admitidas, solo dos cumplían con todos los requisitos. Pese a ello, la buena pro se otorgó a un postor que no acreditó requisitos clave de calificación.
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Situaciones similares se repitieron en la Licitación Pública n.° 011-2024-CS-MM-1, donde se descalificaron ofertas por exigencias no previstas en las bases, como la actividad económica consignada en el RUC, mientras que otras con errores idénticos fueron aceptadas.
Ofertas que no cumplían especificaciones técnicas
En las adjudicaciones simplificadas vinculadas a la calle Porta, la calle General Varela y el Parque de la Juventud, la auditoría detectó que algunas propuestas fueron rechazadas por defectos formales irrelevantes, pero otras fueron admitidas pese a no cumplir las especificaciones técnicas, lo que no era susceptible de subsanación.
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Además, en la fase de evaluación económica, se otorgaron puntajes sin la debida justificación, aplicando parámetros distintos entre los postores.
Empresas vinculadas a un mismo grupo familiar
Un hallazgo relevante del informe es que, en tres de los procedimientos observados, se detectaron empates entre empresas con vínculos familiares y societarios. En estos casos, el comité de selección resolvió el desempate mediante sorteo electrónico, pese a que, independientemente del resultado, la obra terminaría siendo adjudicada al mismo grupo familiar.
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Contratos otorgados sin acreditar capacidades
La Contraloría también advirtió que el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) no verificó adecuadamente la acreditación de requisitos técnicos y profesionales en al menos dos procesos, lo que permitió perfeccionar contratos con postores que no demostraron contar con la capacidad necesaria para ejecutar las obras.
Entre las observaciones figuran la falta de acreditación de equipos estratégicos, experiencia insuficiente del personal clave y documentación incompleta que, pese a ser observada, no fue corregida conforme a las exigencias establecidas en las bases.
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Presuntas responsabilidades
Como resultado de la auditoría, se determinó presunta responsabilidad penal en dos servidores, responsabilidad administrativa en otros dos, y responsabilidad administrativa y penal en tres funcionarios y servidores ediles, vinculados a las decisiones adoptadas durante los procesos de selección.
La Contraloría concluye que estas irregularidades afectaron la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública, al restringir la libre competencia y limitar la posibilidad de que la Municipalidad de Miraflores contrate obras en mejores condiciones de calidad y transparencia.
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