El límite invisible de lo que se puede decir

No por falta de convicción, sino porque trata sobre algo que rara vez se dice en voz alta: el momento en que el espacio para opinar y criticar empieza a estrecharse, no por una ley ni por una censura formal, sino a través del miedo.

Una semana después de publicar una columna sobre el REINFO y su impacto en la gobernanza ambiental del país —en la que sostenía que el REINFO, un instrumento concebido como excepcional había terminado consolidándose como una estructura paralela de poder, capaz de condicionar decisiones políticas en el Congreso de alto impacto ambiental en cuestión de minutos— recibí un mensaje por WhatsApp.

El mensaje no contenía amenazas directas. Estaba redactado con cuidado. Su contenido, sin embargo, era inequívoco: no era “seguro” escribir sobre asuntos que —según quien escribía— yo no entendía, y debía limitarme a mis “temas ambientales”.

No lo interpreto desde el miedo personal, soy consciente de la seguridad que me da radicar en el extranjero (y que probablemente quien me escribía desconocía). Pero justamente por eso el mensaje resulta revelador y el intento sigue siendo el mismo: marcar un límite sobre lo que se puede decir y sobre quién puede decirlo.

En América Latina —y el Perú no es una excepción— defensores ambientales, periodistas e investigadores operan cada vez más en una zona gris: donde la ley existe, pero su capacidad de protección es limitada; donde la violencia directa sigue siendo una realidad, pero donde también proliferan formas más sutiles de amenaza.

Este tipo de mensajes no busca generar pánico inmediato. Busca algo más sofisticado: delimitar el campo de lo que se puede decir. No discute argumentos. No refuta ideas. No entra al fondo del debate. Simplemente, sugiere que hay temas que no conviene tocar y lugares desde los cuales uno no debería hablar.

Ese desplazamiento es revelador. Cuando escribir sobre gobernanza ambiental empieza a ser interpretado como una intromisión indebida, el problema deja de ser sectorial. Se convierte en un problema democrático.

Porque la crisis ambiental en la Amazonía —en la que el REINFO ha contribuido de manera significativa— no es un asunto técnico aislado. Es una expresión directa de cómo se ejerce el poder, cómo se administran las excepciones y cómo se decide qué voces son tolerables y cuáles resultan incómodas. Cuando ciertos intereses se consolidan, el debate deja de resolverse con argumentos y empieza a gestionarse con violencia.

Lo más inquietante no es el mensaje en sí.

Es la normalización de este tipo de señales.

En un país como el Perú donde las economías ilegales gobiernan, una amenaza no es un hecho menor: es un riesgo real, potencialmente mortal. Este es un problema estructural. No se trata de un mensaje aislado, sino de un clima en el que opinar, investigar o escribir implica asumir conscientemente un riesgo con consecuencias reales.

No escribo esta columna para denunciar un mensaje. La escribo para dejar constancia de algo más amplio y aún más preocupante: cuando el espacio cívico para opinar, criticar y accionar comienza a contraerse, el silencio deja de ser neutral.

Y frente a ese tipo de poder, callar no protege.

Solo confirma que el límite fue aceptado.