El Poder Judicial admitió a la Procuraduría General del Estado como actor civil en la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Francisco Sagasti y sus exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, por el presunto delito de abuso de autoridad. El caso está relacionado con el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ocurrido en noviembre de 2020, durante el gobierno de transición encabezado por Sagasti.
De acuerdo con información de RPP, con esta decisión, el Estado queda facultado para solicitar una eventual reparación civil a favor del país, en caso de que los investigados sean hallados responsables penalmente. La medida fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado para constituirse como parte agraviada dentro del proceso penal que se tramita en el Ministerio Público.
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PJ respalda solicitud del Estado
En una resolución emitida el 18 de diciembre, el magistrado determinó que la solicitud de constitución en actor civil cumplió con los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal. Entre ellos, se consideró la presentación de un relato detallado de los hechos investigados, la exposición de los fundamentos jurídicos de la pretensión y la precisión del monto de reparación civil solicitado por el presunto daño ocasionado al Estado.
El juez Checkley sostuvo que la argumentación presentada por la Procuraduría resulta adecuada para ser admitida, precisando que los hechos invocados deberán ser acreditados durante el desarrollo del proceso penal. Bajo ese criterio, el magistrado declaró infundadas las oposiciones formuladas por los abogados de Francisco Sagasti y de sus exministros, quienes cuestionaron la participación del Estado como actor civil en esta etapa de la investigación.
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Reparación civil
Como parte de su solicitud, la Procuraduría General del Estado planteó que el expresidente Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Elice paguen, de manera solidaria, una reparación civil ascendente a 400 mil soles. Este monto corresponde, según la defensa legal del Estado, a un daño extrapatrimonial ocasionado por las decisiones adoptadas en el pase al retiro de altos oficiales de la PNP.
De acuerdo con la Procuraduría, el presunto daño no solo tendría una dimensión administrativa, sino también un impacto en la imagen, reputación e identidad institucional del Estado peruano. La entidad argumentó que las acciones investigadas habrían afectado la credibilidad, el prestigio y la confianza en la administración pública, especialmente en el manejo de una institución clave como la Policía Nacional del Perú.
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Origen del proceso y antecedentes
La investigación preparatoria fue iniciada por el Ministerio Público luego de que, en abril de este año, el Pleno del Congreso aprobara el proyecto de resolución legislativa que declaró haber lugar a la formación de causa penal contra Francisco Sagasti y sus exministros del Interior. Dicha decisión permitió a la Fiscalía avanzar con el proceso penal por el presunto delito de abuso de autoridad, en relación con el relevo de la cúpula policial dispuesto en 2020.
Sin embargo, el Parlamento no alcanzó los votos necesarios para aprobar la inhabilitación política de Francisco Sagasti por un periodo de 10 años, medida que había sido planteada por una presunta infracción constitucional derivada de los mismos hechos. De este modo, mientras el proceso penal continúa su curso en el ámbito judicial, el exmandatario no fue apartado del ejercicio de la función pública por decisión del Legislativo.
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