La mañana del viernes 19 de diciembre, Martín Vizcarra, expresidente del Perú, fue llevado de urgencia al Hospital de Ate Vitarte tras sufrir una crisis hipertensiva severa mientras permanecía en el penal de Barbadillo.
El traslado se produjo después de que presentara una descompensación detectada por los responsables del centro penitenciario. La noticia fue confirmada por Alejandro Salas, exministro de Trabajo y actual candidato de Perú Primero, quien visitó a Vizcarra en centro reclusorio y presenció el deterioro de su salud.
El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) no ha emitido comentarios oficiales sobre la situación hasta el cierre de esta nota. Según la información recabada, el exgobernante fue atendido por el equipo médico del hospital al que fue ingresado y, tras el procedimiento, regresó a su celda en Barbadillo, donde permanece cumpliendo condena.
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Hermano de Martín Vizcarra denuncia
La crisis médica de Martín Vizcarra generó una inmediata reacción de su entorno familiar. Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, utilizó su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter) para denunciar lo sucedido y vincular el episodio de salud al proceso judicial que enfrenta.
En su publicación, Mario afirmó: “Hoy Martín fue trasladado de emergencia por graves temas de salud al Hospital de Ate, que él mismo inauguró. ¡Es desesperante ver cómo su salud se ve comprometida por un abuso judicial!”.
El mensaje se difundió rápidamente por las redes sociales, sumando nuevas voces a la discusión sobre las condiciones de detención y el estado físico del exjefe de Estado. La declaración de Mario agregó presión al debate público alrededor de la situación jurídica de Martín, así como sobre la actuación de las autoridades penitenciarias y del sistema de justicia.
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Motivos de la condena contra el exmandatario
El Poder Judicial del Perú sentenció a Martín Vizcarra a 14 años de prisión por su implicación en dos procesos emblemáticos de corrupción: los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye 730 días multa y nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La fiscalía sostiene que el expresidente pidió y recibió sobornos por un total de 2,3 millones de soles de las empresas Obrainsa e ICCGSA, beneficiándolas en la adjudicación de obras cuando era gobernador regional de Moquegua.
En el caso Lomas de Ilo, las pruebas presentadas documentan encuentros de Vizcarra con Elard Tejeda Moscoso, representante de Obrainsa. Las investigaciones establecieron que el contrato firmado respondía a un pago ilícito del 2% del valor de la obra, monto transferido a través de diferentes medios y respaldado por testimonios y evidencia logística.
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En paralelo, el caso del Hospital Regional de Moquegua se sustentó con las declaraciones de José Manuel Hernández y directivos de ICCGSA, quienes detallaron el pago de un soborno de 1,3 millones de soles, parte del cual fue encubierto mediante empresas de fachada. El tribunal concluyó que Vizcarra utilizó su cargo para controlar decisiones y manipular procesos de selección de proyectos públicos a cambio de pagos indebidos.
El exmandatario calificó la sentencia de “venganza” y anunció que apelará. Mientras tanto, su salud y su situación judicial mantienen la atención social y política en torno al penal de Barbadillo.
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