Elena Rojas era una regidora que incomodaba: ¿Qué actos de corrupción denunció y por qué la habrían matado en Chicama?

La regidora de Chicama, Elena Rojas Alcalde, fue asesinada a balazos el último 18 de diciembre, mientras participaba en una chocolatada navideña en su distrito. El crimen ocurrió en presencia de niños, en un contexto marcado por amenazas previas, un atentado con explosivos en 2024 y una labor de fiscalización que la enfrentó con autoridades y funcionarios municipales.

El asesinato ha conmocionado a la provincia de Ascope y vuelve a poner en evidencia la grave crisis de inseguridad que atraviesa la región La Libertad a cargo del gobernador César Acuña, donde autoridades locales y dirigentes sociales vienen siendo blanco de ataques criminales.

¿Quién era Elena Rojas?

Elena Rojas Alcalde era contadora pública, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, y regidora del distrito de Chicama por el Movimiento Regional Fortaleza Perú. A lo largo de su trayectoria política militó en el Partido Aprista Peruano y posteriormente en Alianza para el Progreso (APP), agrupación a la que perteneció hasta el año 2021.

Desde el inicio de su gestión municipal, Rojas se desempeñó como regidora de oposición, destacando por una activa labor de fiscalización que incomodó a la administración edil.

Un atentado previo y las amenazas

El 12 de diciembre de 2024, la regidora fue víctima de un atentado cuando menores de edad colocaron un artefacto explosivo debajo de la camioneta que utilizaba, estacionada frente a la Municipalidad Distrital de Chicama, mientras se realizaba una sesión oficial. El ataque fue calificado por ella como “un acto cobarde” en un video difundido el 24 de diciembre de ese mismo año.

Rojas negó haber sido víctima de extorsión económica. “Jamás me han pedido dinero a cambio de no atentar contra mi vida. Solo después del hecho ocurrido, me enviaron dos mensajes amenazantes en los que tampoco pedían dinero, sino que intentaban acrecentar el miedo a mi persona frente a los hechos ocurridos”.

Rojas sostuvo que sería la Policía Nacional del Perú la encargada de identificar a quienes pagaron a los menores para ejecutar el atentado y advirtió que el ataque buscaba frenar su labor fiscalizadora, vinculada a presuntas irregularidades en la municipalidad.

Denuncias que marcaron su gestión

En un extenso pronunciamiento público hecho el 24 de diciembre del 2024, Elena Rojas detalló una serie de hechos que —según afirmó— evidenciaban una estrategia sistemática de hostigamiento en su contra:

• Uno: solicitaron su suspensión como regidora, un proceso que se extendió por casi un año y luego no continuaron.
• Dos: enviaron cartas notariales a personas que comentaban y respaldaban sus denuncias en redes sociales, amenazándolas con denunciarlas, aunque nunca concretaron dichas acciones.
• Tres: un funcionario de la Municipalidad de Chicama le ofreció dinero, mantenimientos y prebendas para que dejara de fiscalizar, advirtiéndole incluso con denuncias y la vacancia si no aceptaba.
• Cuatro: denunció el direccionamiento de bienes y servicios a familiares del socio del exgerente municipal, proveedores habituales, incluida una empresa creada al inicio de la gestión sin contratos previos con el Estado.
• Cinco: el exgerente de la municipalidad la denunció ante la Fiscalía tras no acceder al chantaje, pero la denuncia fue desestimada y archivada por falta de sustento.
• Seis: denunció la contratación de funcionarios y proveedores impedidos de contratar con el Estado, caso acogido por Contraloría, que emitió informe de control con responsabilidades.
• Siete: denunció que funcionarios de confianza prestaban servicios en otras municipalidades y recibían doble remuneración, hecho por el que Contraloría determinó responsabilidad administrativa y penal.
• Ocho: denunció la sustracción de combustible por parte del servidor Manuel Rodríguez y dos locadores, hechos investigados en una carpeta fiscal por peculado doloso, pese a que continúan laborando.
• Nueve: informó al concejo municipal sobre irregularidades en obras y mantenimientos, como la piscina El Sauzal, el Paseo de las Aguas, paneles solares en Sauzal y Chiclín y el Centro de Salud Alto Perú.
• Diez: denunció que la obra de los baños de Llamipe fue contratada, ejecutada y pagada en 2024, pese a haber sido inaugurada en mayo de 2023, cuya publicación luego fue eliminada de plataformas oficiales.

Ante este escenario, Rojas responsabilizó públicamente a autoridades, funcionarios y empresas contratistas vinculadas a sus denuncias de cualquier atentado contra su vida o la de su familia.

“He venido realizando una labor de fiscalización que incomoda y afecta intereses. Jamás he tenido problemas personales ni denuncias que justifiquen un ataque contra mi integridad”, advirtió.

Tensiones con el alcalde de Chicama

Tras la difusión de sus denuncias en un video público, se produjo un careo entre la regidora y el alcalde de Chicama, Edilberto Bada, en presencia de funcionarios municipales. En esa reunión, el burgomaestre exigió una rectificación, alegando que las acusaciones afectaban su imagen y la del concejo.

Incluso, el alcalde deslizó la hipótesis de que el atentado de 2024 podría haber estado dirigido a la pareja de la regidora, por supuestos vínculos criminales, versión que Elena Rojas rechazó tajantemente, insistiendo en que los ataques estaban relacionados exclusivamente con su labor fiscalizadora.

¿Por qué mataron a Elena Rojas?

De acuerdo con el periodista Paul Acevedo, del medio independiente Investiga de La Libertad, el antecedente de las amenazas resulta clave.

“Ha pasado aproximadamente un año desde esas amenazas y ahora ocurre este asesinato durante una chocolatada. Es un dato que no se puede dejar de lado”, señaló a Perú21.

Rojas también venía investigando presuntas irregularidades en autoridades de Ascope y el caso de LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., empresa vinculada a millonarias adjudicaciones reveladas inicialmente por el programa Panorama, durante la gestión de César Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad.

“Era una regidora de oposición y estaba fiscalizando. Todavía no se puede afirmar con certeza por qué la mataron, pero el antecedente de las amenazas es clave para la investigación”, añadió Acevedo.

Reacción de alcalde de Chicama tras el crimen

Luego del asesinato, el alcalde de Chicama expresó su consternación entre lágrimas y pidió al Gobierno Central medidas urgentes para frenar la criminalidad en la región, además de justicia para Elena Rojas. En una entrevista radial, manifestó incluso su temor de ser víctima del crimen organizado.

Sin embargo, medios locales recuerdan que existían tensiones políticas entre la autoridad edil y la regidora, producto de su rol fiscalizador.

Mientras tanto, en Chicama se anuncia la llegada de 50 nuevos policías y se evalúa la declaratoria de emergencia, en una zona que periodistas locales califican como “picante”, donde —según advierten— los cabecillas del crimen organizado rara vez son capturados.

El asesinato de Elena Rojas no solo enluta a Chicama, sino que expone un escenario político-criminal en el que la violencia se convierte en un mecanismo para silenciar la fiscalización y proteger intereses de corrupción, tanto de quienes buscan acceder al poder como de quienes ya lo ejercen.