El empleo público en el país mantiene una trayectoria ascendente desde hace varios años, impulsado principalmente por regímenes laborales específicos. Entre 2017 y 2024, el número de servidores del Estado pasó de 1,3 millones a casi 1,6 millones, reflejando una expansión sostenida del aparato estatal.
De acuerdo con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), este crecimiento no ha sido homogéneo, sino que se ha concentrado en dos grandes grupos laborales, cuya evolución también ha tenido efectos directos sobre el gasto público y la estructura de contratación en el sector estatal.
Expansión del empleo estatal: presión sobre el gasto en planillas
Servir señala que “El crecimiento del empleo público ha sido impulsado abrumadoramente por dos regímenes laborales: las Carreras Especiales (principalmente Salud y Educación) y la Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Ambos grupos explican el 94% de todo el crecimiento neto del empleo público [entre 2017 y 2024]“. En ese periodo, se incorporaron más de 242 mil personas al Estado, con una tasa promedio anual de aumento de 2,4% en el número de servidores.
El incremento de personal y de remuneraciones ha tenido un impacto directo en las finanzas públicas. Según Brian Yalle, analista de estudios del Grupo de Políticas de Gestión del Servicio Civil (GPGSC-Servir), “en 2024 la planilla pública costó S/ 79,142 millones, un incremento de 9.9% comparado con el 2023”. La cifra contrasta con los S/ 48,282 millones registrados en 2017, lo que representa un aumento acumulado de 63,9%.
Evolución de los trabajadores CAS
En el caso específico del régimen CAS, en 2024 se contabilizaron 373.233 trabajadores. Tras alcanzar un máximo de 402.917 contrataciones en 2020, en el contexto de la pandemia, el número descendió en los años siguientes. No obstante, en 2024 se registró un ligero repunte cercano al 1%.
Servir explicó que “La nueva normalidad vista desde el 2024 nos muestra un periodo de estabilización con un incremento reducido del 0.8%. Esto es importante porque ocurre posteriormente a la aprobación del Decreto Legislativo N° 1602 (2023), el cual dispone [...] la prohibición de convocar concursos públicos para la contratación de servidores civiles a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del [...] CAS en entidades del Poder Ejecutivo, no así para gobiernos regionales y locales”.
Costos y remuneraciones en el régimen CAS
Aunque el gasto total en planillas creció 63,9% entre 2017 y 2024, el desembolso asociado al régimen CAS aumentó a un ritmo menor, de 58,4%, al pasar de S/ 7,877 millones a S/ 12,476 millones. Este comportamiento sugiere que otros regímenes laborales tuvieron un crecimiento más acelerado en términos presupuestales.
Asimismo, el costo promedio anual por trabajador CAS se incrementó en 17,2% en ese mismo periodo, al subir de S/ 28,519 en 2017 a S/ 33,426 en 2024. Este aumento responde, entre otros factores, a una mayor profesionalización del personal y a ajustes remunerativos.
Contratos temporales e indeterminados
Dentro de los regímenes administrativos, los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728 presentan una mayor proporción de contratos indeterminados. En el primero, el 65,2% de los trabajadores tiene vínculo sin plazo fijo, mientras que en el segundo la proporción alcanza el 51%. En la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057), cerca de seis de cada 10 servidores también cuentan con contratos de duración indeterminada.
El régimen CAS, concebido originalmente como temporal, ha cambiado de naturaleza tras la Ley N° 31131, promulgada en 2021. Esta norma dispuso que los contratos vigentes pasaran a ser indeterminados. Así, “A diciembre de 2024, se tiene que 100,303 servidores estuvieron registrados en el AIRHSP (Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público) como ‘CAS Indeterminados’, grupo que goza de estabilidad laboral, pero que no pertenece a una carrera pública, lo cual limita sus oportunidades de desarrollo”, precisó Servir.
El cambio en la temporalidad del CAS también ha generado efectos colaterales. “La necesidad de flexibilidad de las entidades no ha desaparecido, lo que ha llevado a la proliferación de contrataciones bajo la etiqueta de ‘Otras normas’, que actualmente representan el 60% (152.742 personas) de este universo contractual”, añadió la entidad. Este fenómeno revela cómo el sistema de contratación pública continúa adaptándose a las restricciones y demandas operativas del Estado.
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