Agresores de Azul Rojas reciben condena casi 20 años después: PJ dicta 17 años de prisión contra los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León

Diecisiete años después de la noche en la que Azul Rojas Marín, una ciudadana trans y activista de la comunidad LGBTI, fue víctima de tortura y violación sexual por parte de agentes policiales en la comisaría de Casa Grande, en La Libertad, el Poder Judicial sentenció a los responsables: Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero.

La sentencia llega tras una prolongada lucha. No solo significa la primera vez que la justicia peruana condena a agentes del Estado por tortura sexual motivada por prejuicio contra una persona LGBTI, sino que representa el cumplimiento de las medidas exigidas por la Corte IDH. En cumplimiento de estas disposiciones, Perú organizó en 2022 un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió perdón a Azul y a su familia por el daño irreversible causado.

El caso

El 25 de febrero de 2008, Azul Rojas caminaba de regreso a su hogar cuando fue intervenida por efectivos de la Policía Nacional bajo el pretexto de requerir su identificación. Tras ser detenida arbitrariamente y llevada a la comisaría local, fue golpeada, insultada y agredida sexualmente. Los agentes la desnudaron a la fuerza, la sometieron a violencia física y psicológica, y la violaron usando una vara de goma mientras la castigaban por rehusar brindar cierta información y, sobre todo, por su orientación sexual.

Estos hechos no solo constituyeron una tortura sexual agravada, sino que, como documentó la Fiscalía, estuvieron precedidos y acompañados de reiterados insultos homofóbicos y humillaciones, revelando un ensañamiento motivado por ser una persona trans y miembro de la comunidad LGBTI. La violencia perpetrada esa madrugada dejó secuelas físicas y psicológicas profundas en Rojas Marín, además del estigma y la revictimización vivida durante años de batalla legal.

Aunque denunció los abusos poco después de recobrar la libertad, su testimonio fue desestimado por distintas instancias judiciales y la fiscalía nacional. El proceso se caracterizó por el menosprecio a la víctima, la incredulidad ante su relato y una falta de investigación efectiva, lo que forzó a Azul y a las organizaciones que la respaldaron —Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Redress Trust— a llevar la demanda ante la justicia internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), primero, y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), reconocieron la gravedad del caso, identificando la detención como arbitraria, motivada por discriminación, y declarando que los hechos constituyeron tortura sexual. La Corte IDH responsabilizó directamente al Estado peruano por no garantizar justicia ni atención para la víctima, destacando que la orientación sexual, identidad o expresión de género no deben ser motivo de ningún tipo de violencia.

Solo después de la sentencia internacional, las autoridades peruanas reabrieron las pesquisas y llevaron a juicio a los efectivos policiales implicados. La fiscal adjunta provincial Ketty Garibay Mascco, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, fue la encargada de sustentar los hechos y demostrar la culpabilidad de los acusados.

Durante el proceso oral, Garibay Mascco acreditó la secuencia de abusos que comenzó con la detención arbitraria y culminó en la agresión sexual, todo como forma de castigo y denigración destinada a doblegar a la víctima por su orientación sexual.

Pese a que la Fiscalía solicitó una pena de 20 años y seis meses de prisión, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional fijó finalmente la condena en 17 años de cárcel para Ponce, Quispe y León, así como la inhabilitación para ejercer funciones en la Policía Nacional.