El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) solicitó al Directorio de Petroperú precisiones sobre la posible venta del Edificio de Oficina Principal de la empresa, ubicado en la Avenida Canaval y Moreyra, San Isidro, tras la reincorporación de este inmueble a la lista de activos no necesarios y no estratégicos, según un comunicado institucional emitido el 10 de diciembre de 2025.
Recientemente, la petrolera confirmó que el edificio forma parte de un grupo de 60 activos que están siendo evaluados con la asistencia de ProInversión, en el marco del Decreto de Urgencia N° 013-2024. Las alternativas consideradas incluyen la venta, el arrendamiento, la cesión de uso u otras modalidades de gestión patrimonial. Según fuentes de la estatal, la decisión no pasó por Directorio, sino que se vio directamente desde el MEF.
El nombramiento del nuevo gerente general en Petroperú, Gustavo Villa Mora, ocurrió pocos días antes del anuncio sobre la posible venta del edificio principal, lo que generó suspicacias entre los trabajadores. Voceros sindicales resaltaron que tanto el anterior gerente general encargado como el actual son profesionales de carrera en la empresa y habían manifestado que el edificio no debía considerarse un activo no esencial.
Sin embargo, la decisión se comunicó tras el cambio de gerencia, alimentando la percepción de que existe una fuerte injerencia política en las decisiones clave de Petroperú. En esta línea, el sindicato pidió que se aclare si la reincorporación del edificio a la lista de activos no estratégicos implica únicamente una evaluación o si ya existe una intención expresa de venta.
En su comunicado, los trabajadores de la petrolera estatal solicitaron información sobre si esta decisión representa una revisión de la postura de la gestión anterior, que había excluido el inmueble de una posible venta por considerarlo estratégico para la operación de la empresa.
El STAPP planteó una serie de interrogantes sobre el impacto de una eventual venta o traslado, entre ellas si se ha elaborado un estudio de impacto específico sobre el personal que labora en el edificio, cuántos trabajadores se verían afectados, qué gerencias y unidades estarían comprendidas, y a qué sedes se evaluaría trasladar al personal.
Además, requirió detalles sobre los criterios de capacidad instalada, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, continuidad operativa y estimaciones de los costos asociados a los traslados, incluyendo mudanzas, adecuación de ambientes, infraestructura, sistemas, comunicaciones, mobiliario y estacionamientos.
El sindicato también pidió información sobre cómo se garantizará que cualquier proceso de reubicación respete los derechos laborales, los convenios vigentes y los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
En cuanto a la racionalidad económica de la medida, el STAPP consultó si se ha comparado el eventual ingreso por venta del edificio con los costos totales de reubicación, adecuación de nuevas sedes, posibles pérdidas de eficiencia, riesgos operativos y contingencias legales.
Asimismo, preguntó si el análisis contempla el valor simbólico e institucional del edificio como sede corporativa reconocida de Petroperú y el impacto que la decisión podría tener en la imagen de la empresa.
Como alternativas a la venta, el sindicato propuso reestructurar la distribución de las gerencias dentro del edificio, definir una ocupación racional por pisos y poner en alquiler los pisos excedentes bajo esquemas de arrendamiento que generen ingresos recurrentes para la empresa.
El STAPP reiteró que, desde su perspectiva, los costos de personal representan una proporción relativamente menor dentro de la estructura de gastos de la empresa y señaló otros rubros que, a su juicio, generan impactos mayores, como el pago de sobreestadías de buques, restricciones logísticas, asesorías y consultorías externas, y la acumulación de obligaciones con proveedores y contratistas en actividades críticas.
Finalmente, el sindicato solicitó que se le remita copia de los acuerdos de Directorio y comunicaciones institucionales relacionadas con la inclusión del edificio en la lista de activos no estratégicos, así como los estudios técnicos, financieros y de riesgos elaborados para sustentar la decisión.
También pidió que se convoque a una reunión para analizar el tema y explorar alternativas que contribuyan a la sostenibilidad financiera de Petroperú sin afectar su patrimonio estratégico ni la estabilidad de los trabajadores.
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