El Pleno del Congreso de la República aprobó —en primera votación— una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, que busca ofrecer más tiempo a los pequeños mineros y mineros artesanales para culminar sus procesos de formalización, se tomó en medio de intensos cuestionamientos, advertencias y postura del Ejecutivo, que demandaba condiciones más estrictas y un plazo menor.
Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, se aprobó el texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293 y establece que el proceso de formalización minera integral de pequeña minería y minería artesanal seguirá vigente hasta fines del próximo año, o en la fecha en que entre en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.
Respecto a la reincorporación de los 50 mil mineros informales que fueron retirados, con 44 votos a favor, 51 en contra y 11 abstenciones se rechazó la disposición que dejaba la puerta abierta para ello. Con 42 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones tampoco se aprobó la continuidad de trámites en el proceso de formalización minera integral, expuesta como segunda disposición complementaria transitoria.
Por último, con 22 votos a favor, 73 en contra y 6 abstenciones, se rechazó en primera votación la suspensión de procedimientos de exclusión del REINFO. Para formalizarse, el proyecto requiere de una segunda votación, la cual será programada transcurridos 7 días.
Debate y discrepancias
Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, justificó el proyecto señalando que resulta indispensable ofrecer continuidad al proceso de formalización, considerado una herramienta para combatir la informalidad que persiste entre miles de pequeños mineros y mineros artesanales que ya iniciaron trámites ante el Estado. Explicó que suspender automáticamente a quienes continúan en situación irregular acarrearía consecuencias negativas en los ámbitos laboral, económico y ambiental.
Subrayó, además, que la ampliación busca garantizar la seguridad jurídica de los operadores y consolidar los avances logrados en las políticas de formalización, apoyándose en antecedentes legales tanto a nivel nacional como internacional. Resaltó el peso laboral del sector: en 2024, la minería ha generado aproximadamente 2,1 millones de empleos en Perú, equivalentes al 8,2% del empleo nacional, de acuerdo con datos del Instituto Peruano de Economía.
Sin embargo, diversos legisladores, entre ellos Diana Gonzales (Avanza País), expresaron duras críticas al dictamen, al señalar que abrir la puerta a los 50.000 mineros excluidos del Reinfo “no beneficiaría al fisco, sino a quienes pretenden continuar actividades fuera de la ley”. La parlamentaria argumentó que, tras el retiro de estos mineros del registro, la recaudación estatal aumentó en 637 millones de soles, basándose en información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
A lo largo del extenso debate, participaron congresistas de diversas bancadas, como Flavio Cruz (Perú Libre), quien pidió no dejar fuera a quienes dependen de la minería para subsistir. Otros, como Jaime Quito (Bancada Socialista), criticaron duramente el consenso emergente entre Congreso y Ejecutivo, alertando que “no se están resolviendo los problemas de fondo”.
Hubo además propuestas para modificar detalles del dictamen, votar por separado disposiciones clave y hasta devolver el proyecto a comisión, propuestas que fueron mayoritariamente rechazadas. Algunos legisladores, como Jorge Morante, buscaron introducir la prohibición del uso de mercurio en minería artesanal e informal, añadiendo presión sobre la agenda ambiental.
Posición del Ejecutivo
El Ejecutivo, a través del premier Ernesto Álvarez, entregó al Parlamento observaciones sustanciales para condicionar el aval a la nueva ampliación. La postura oficial fue clara: la prórroga debía limitarse a un año y mantenerse la exclusión de los mineros ya retirados, principalmente para evitar que el Reinfo siga sirviendo como cobertura para actividades de minería ilegal, fenómeno especialmente grave en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad.
Entre los lineamientos centrales exigidos también estaba mantener la fiscalización ambiental bajo control de los Gobiernos Regionales, evitar un nuevo censo de mineros y restringir la actualización geográfica de los inscritos solo a concesiones colindantes. Además, el Ejecutivo propuso crear licencias temporales de producción minera y la obligación de que los mineros incorporen formalmente a sus trabajadores en la planilla como parte del proceso de regularización.
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