S/500 por seis metros cuadrados: el cobro municipal que desató la disputa por la feria navideña en La Victoria

La reciente instalación de una feria navideña en la avenida Luna Pizarro, en el distrito de La Victoria, ha encendido la polémica en una de las zonas comerciales más transitadas de Lima. Vendedores ambulantes y residentes se han enfrentado por el cobro de S/500 que la municipalidad exige para acceder a un puesto de seis metros cuadrados, una tarifa que, según denunciantes, ha intensificado la demanda de explicaciones sobre la gestión de los espacios públicos y la legalidad de los cobros.

La investigación realizada por el equipo de Buenos Días Perú expone que la medida adoptada por la autoridad edil ha generado posiciones opuestas dentro de la comunidad. Mientras que el municipio defiende el cobro como una forma de ordenar el comercio en las calles y evitar la presencia de mafias, un sector de ambulantes y habitantes locales asegura que la nueva política solo representa una formalización del desorden y una carga económica que limita el acceso al trabajo informal.

Cobro oficial y reclamos en la vía pública

El anuncio del pago de S/500 por cada espacio destinado a la venta en la feria generó reacciones inmediatas entre los vecinos y comerciantes. Los documentos presentados durante la investigación revelan que la Municipalidad de La Victoria gestionó directamente el cobro de este monto, el que da acceso a un módulo de seis metros cuadrados por el mes de diciembre. Esta decisión fue interpretada por algunos como un intento de regularizar un mercado informal históricamente conflictivo, mientras que otros consideran que no se han brindado garantías sobre el uso transparente de los recursos recaudados.

Vecinos de la zona han expresado su descontento, señalando que la medida transforma al municipio en un intermediario que gestiona el espacio público en beneficio propio. “Ahora los espacios se arriendan bajo nuevas reglas, pero seguimos con los mismos problemas antiguos”, manifestó un residente consultado durante la cobertura. La comparación con administraciones anteriores se hace presente en las declaraciones, reforzando la percepción de que la formalización no ha cambiado el fondo de la problemática.

Testimonios divididos entre comerciantes

En el recorrido realizado por el equipo periodístico, algunos vendedores afirmaron que no recibieron solicitud de pago ni información sobre tarifas previas, indicando que ocupan la vía para buscar ingresos durante la campaña navideña. “A mí nadie me exige ningún pago, solo me instalo con mis productos”, relató una vendedora consultada en la zona de Grau. Otros denunciaron que la exigencia del pago de S/500 implica una amenaza directa de desalojo si no se cumple con la cuota establecida por la municipalidad.

El caso de un comerciante mayor de sesenta años —quien aseguró llevar más de dos décadas trabajando con su familia en el área— dio cuenta de la incertidumbre que vive parte de este sector vulnerable. Relató que, tras años de tolerancia y convivencia con la informalidad, ahora enfrenta presiones para regularizarse o abandonar el espacio sin recibir alternativas laborales claras. La sensación de precariedad económica se multiplica ante la proximidad de la campaña de fin de año, período clave para quienes dependen de las ventas ambulantes.

Riesgos de seguridad y movilidad en la zona

La presencia de más de doscientos módulos a lo largo de Luna Pizarro ha modificado la dinámica habitual del tránsito peatonal y vehicular. Residentes y transeúntes resaltan las dificultades para desplazarse por las calles, donde la colocación de carpas y stands oficiales con emblemas municipales ha reducido el espacio disponible para maniobrar, sobre todo en intersecciones como Antonio Raimondi.

Las preocupaciones han aumentado luego de los recientes movimientos sísmicos ocurridos en el Callao. “Si hubiera una emergencia fuerte, la evacuación se volvería caótica”, señaló un vecino durante la visita de Buenos Días Perú al lugar. Las críticas apuntan a la falta de personal fiscalizador después del mediodía, momento en el que según los comerciantes la supervisión desaparece y el orden se convierte en una responsabilidad difusa.

Defensa municipal y versiones sobre el uso de fondos

Consultada por la investigación, la Municipalidad de La Victoria aseguró que la organización de la feria contó con el respaldo del empresariado formal de la zona y que el cobro de S/500 se implementó para todo el mes de diciembre. El municipio defendió el monto al compararlo con los elevados pagos impuestos por agrupaciones delictivas en años pasados, señalando que la intervención actual busca evitar que los espacios públicos sean controlados por mafias que, en otros tiempos, llegaban a exigir hasta S/2.500 por puesto.

La autoridad respondió que el propósito de esta acción es promover la formalización y hacer más seguro el comercio ambulatorio en la avenida, así como evitar la proliferación de cobros informales. Sin embargo, la información obtenida por el medio mencionado indica que gran parte de los beneficiarios reclama transparencia sobre el destino de los fondos y garantías para quienes dependen de sus ventas en fechas clave para la economía de la zona.