La reciente intervención del canciller Hugo de Zela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) motivó un intenso debate regional sobre los límites y alcances del asilo diplomático. El ministro de Relaciones Exteriores insistió que el planteamiento peruano no buscaba individualizar casos como el de Betssy Chávez, expremier protegida por México, sino llamar la atención sobre el uso indebido de la figura con fines ideológicos.
En diálogo con Canal N, aclaró que no se mencionó el caso específico de la condenada a más de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado “porque, como es obvio, la OEA no tiene jurisdicción para ver ese caso”. “Lo que hemos planteado es, a partir de lo ocurrido con Betssy Chávez y varios otros casos en la región, una preocupación por el hecho de que la Convención sobre Asilo se esté mal utilizando para fines ideológicos y no para los que fue creada, es decir, proteger a personas perseguidas por sus opiniones políticas”, explicó.
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Agregó que el objetivo peruano es buscar un mecanismo obligatorio mediante el cual se solicite información al Estado territorial antes de conceder el asilo, para evitar su uso arbitrario. “Hay que buscar la forma en que todos los países nos pongamos de acuerdo para crear un procedimiento que sea obligatorio”, insistió.

¿Cuáles fueron las posiciones de los demás países al planteamiento de Hugo de Zela ante la OEA?
La delegación de Chile defendió que “la protección otorgada a una persona que ha solicitado protección personal es un acto humanitario sin discriminación”, subrayando el asilo como un derecho humano regido por tratados internacionales y tradición latinoamericana.
Colombia fue aún más taxativa: “No debe evolucionar a un mecanismo condicionado, porque ello podría comprometer su calidad de protección. La propuesta (peruana) contradice la tradición latinoamericana”. El país caribeño dejó claro su respaldo absoluto a la postura de México, resaltando que el otorgamiento del asilo corresponde exclusivamente al Estado asilante, sin intervención del Estado territorial.
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Por su parte, Ecuador criticó los abusos, señalando que “algunos asilos generaron intolerables situaciones de impunidad”. Remarcó que el asilo solo puede darse “cuando se persigue por motivos políticos y solo en caso de urgencia”, exigiendo además comunicación transparente entre los Estados involucrados.
Uruguay reconoció la importancia de debatir el tema, pero advirtió: “No se debe debilitar ni mucho menos negar el asilo”. El representante uruguayo también instó a la restauración de relaciones diplomáticas entre Perú y México, tras las tensiones por el caso Betssy Chávez.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, la protección sigue siendo una obligación derivada del derecho internacional. “Pedimos el respeto a las misiones diplomáticas. EE. UU. seguirá levantándose por los perseguidos políticos”, declaró su portavoz en la OEA.
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Argentina reivindicó el carácter de derecho humano del asilo e ilustró con un caso reciente: “En 2024, Argentina concedió asilo a ciudadanos venezolanos bajo medidas de presión y amenazas a la embajada”. Para el embajador, garantizar el asilo es una obligación ineludible de los Estados.
Brasil se manifestó contra la creación de nuevos requisitos, defendiendo que el asilo debe ser una decisión soberana y exclusiva del país que lo concede. “No compartimos la visión de que se necesiten agregar requisitos. Las convenciones de La Habana, Montevideo y Caracas indican que se debe de respetar el asilo”.
Desde México, como se esperaba, la intervención fue particularmente crítica: “No estamos en el espacio competente para evaluar la aplicación de la Convención sobre asilo diplomático ni mucho menos para revisarla o modificarla”. La embajadora Luz Elena Baños recalcó que actuación del gobierno de Sheinbaum, ha sido acorde a la normativa interamericana y cuestionó la oportunidad de la propuesta de Perú, advirtiendo que no todos los Estados firmantes de la Convención de Caracas integran la OEA.
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¿Derrota diplomática?
El internacionalista Óscar Vidarte evaluó en X la jornada como un revés para la diplomacia peruana: “En el Consejo Permanente de la OEA, la propuesta peruana solo recibió el apoyo de Ecuador e indirecto de Paraguay. Argentina, Estados Unidos y Panamá no se la jugaron por el Perú. México, Brasil, Colombia y Uruguay fueron críticos de la posición peruana, defendieron el asilo. Perú muy solo”.
El especialista subrayó que, pese a los esfuerzos de desligar la propuesta del caso Betssy Chávez, “se cuestionó mucho que se pidan revisiones al asilo sobre la base de cuestiones coyunturales y el desconocimiento del Derecho Internacional”. Destacó el argumento de Perú sobre el contexto distinto a décadas pasadas, donde predominan regímenes autoritarios, pero reconoció que el debate evidenció la vigencia e importancia del asilo ante la “gran debilidad democrática” en la región.
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Sobre la propuesta de crear un procedimiento obligatorio que solicite información previa al Estado territorial, el internacionalista consideró que no es viable. Explicó que el artículo 9 de la Convención de 1954 ya prevé que el Estado asilante puede considerar la información brindada, y que los requisitos adicionales dilatarían la protección urgente prevista en los artículos 5 y 12 del tratado. Además, recalcó que la calificación del delito corresponde al Estado asilante, tal como dicta el artículo 4, y que cualquier reforma normativa no tendría efecto retroactivo.
“Al margen de si puede reformarse la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 o no, esta debe cumplirse. Las modificaciones no son retroactivas. El Perú está obligado a cumplir y brindar el salvoconducto”, concluyó.
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