12 personas detenidas por presuntas actas adulteradas durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026

La Policía Nacional trasladó a miembros de mesa y personeros a una sede especializada, mientras sus familiares denuncian falta de abogados y cuestionan el procedimiento aplicado en el operativo

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Un total de 12 personas, incluyendo miembros de mesa y personeros, fueron detenidas durante la jornada electoral bajo sospecha de adulterar actas. Fueron trasladadas a la División de Investigación de Delitos contra el Estado mientras sus familiares denuncian irregularidades en las detenciones.

Al menos 12 personas fueron detenidas por la presunta adulteración de actas electorales durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026, según la Policía Nacional del Perú (PNP). Las detenciones ocurrieron el domingo 7 de junio y los implicados, en su mayoría miembros de mesa, permanecen bajo investigación en la División de Investigación de Delitos contra el Estado.

Detienen a doce personas por presunta adulteración de actas en la segunda vuelta electoral
Detienen a doce personas por presunta adulteración de actas en la segunda vuelta electoral | Ministerio Público

Detenciones durante la jornada electoral

De acuerdo con información de Latina Noticias, la mayoría de los detenidos corresponde a miembros de mesa. Entre ellos figuran presidentes, secretarios y tercer miembro de al menos dos mesas completas, lo que representa a seis de los doce aprehendidos. Además, se identificó a un adulto mayor, cuya condición de personero electoral o miembro de mesa sigue en investigación, aunque las primeras versiones indican que se encontraba en una mesa que no le correspondía.

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La PNP informó que las detenciones se realizaron en flagrancia por atentados contra el derecho de sufragio. Todos los involucrados fueron trasladados a la sede especializada, donde se les informó que recibirían asistencia legal.

Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Reclamos y denuncias de familiares

En las afueras de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, familiares de los implicados pasaron la noche a la espera de novedades. Algunos relataron que sus allegados, miembros de mesa, fueron quienes detectaron y reportaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la presencia de actas presuntamente marcadas o alteradas. Aseguran que, tras realizar la denuncia, se procedió a su detención, situación que consideran irregular.

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Otros allegados consideran que la detención carece de fundamento y remarcan la ausencia de representantes de la ONPE, el JNE y la Defensoría del Pueblo en la sede policial durante el proceso.

El protocolo ante irregularidades en las mesas de sufragio exige la intervención inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público, en presencia de miembros de mesa, personeros y electores. Una funcionaria de la ONPEprecisó que este procedimiento se aplicó durante la jornada electoral.

El Ministerio Público se encontraba en el lugar para continuar con las diligencias.

Delitos electorales

Durante la segunda vuelta electoral de 2026 en Perú, los delitos electorales más frecuentes abarcan diferentes conductas que afectan la transparencia y legitimidad del proceso. Entre ellos se encuentra el porte de armas, que se sanciona con prisión de uno a doce meses, incluso si se tiene licencia. Manipular, sustraer o destruir material electoral puede conllevar sentencias de entre dos y ocho años de cárcel. El uso de violencia para impedir o perturbar el desarrollo de la votación se castiga con penas que van de tres a diez años de prisión.

La coacción al elector, es decir, amenazar o usar violencia para influir en el sentido del voto, puede derivar en hasta cuatro años de cárcel. Hacer propaganda política el día de la elección o dentro de los locales de sufragio está prohibido y se sanciona con multas de 1 a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Votar usando la identidad de otra persona, conocido como suplantación de votantes, también puede implicar hasta cuatro años de prisión, al igual que la compra de votos, que sanciona a quienes ofrecen dinero o beneficios a cambio del sufragio.

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