Familiares de detenidos por presuntas actas adulteradas denuncian irregularidades en su detención

En medio del ajustado conteo de votos de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la jornada electoral del domingo 7 de junio también dejó una serie de incidentes que ahora son materia de investigación. Mientras el Perú permanece atento a los resultados oficiales, las autoridades reportaron la detención de 12 personas por presuntos delitos vinculados al régimen electoral.

La Policía Nacional informó que los intervenidos fueron trasladados a la División de Investigación de Delitos contra el Estado, luego de que se detectaran supuestas irregularidades durante el proceso de sufragio y escrutinio. Sin embargo, familiares y abogados de algunos de los detenidos denunciaron que las intervenciones se habrían realizado de manera arbitraria y sin el respeto de las garantías mínimas de defensa.

De acuerdo con la información preliminar brindada en Latina Noticias por las autoridades policiales, la mayoría de los detenidos serían miembros de mesa, incluyendo presidentes y otros integrantes responsables del desarrollo del proceso electoral. También figura un adulto mayor cuya condición —si actuaba como personero o miembro de mesa— aún no ha sido confirmada oficialmente.

Familiares de los intervenidos permanecieron durante toda la noche y la madrugada en los exteriores de la sede policial exigiendo explicaciones sobre las detenciones. Según señalaron, algunos de los miembros de mesa habían advertido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la existencia de actas presuntamente marcadas o con irregularidades, y sostienen que, tras realizar esas denuncias, fueron arrestados.

Asimismo, denunciaron que varios de los acusados aún no contaban con un abogado de oficio, pese a que las intervenciones se produjeron alrededor de las 2:00 de la tarde.

Abogados que llegaron a la División de Investigación de Delitos contra el Estado expresaron su preocupación por el procedimiento y señalaron que aún esperaban la presencia de representantes del Ministerio Público, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo para esclarecer los hechos.

Cabe recordar que, de acuerdo con el protocolo electoral, cualquier presunta irregularidad detectada en una mesa de sufragio debe ser constatada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en presencia de miembros de mesa, personeros y ciudadanos que se encuentren en el lugar, con el fin de garantizar la transparencia del procedimiento.

Hasta el cierre de esta edición, las investigaciones continuaban y las autoridades no habían precisado la situación jurídica de los 12 detenidos ni si alguno de ellos quedaría en libertad en las próximas horas.

Delitos electorales

Durante la segunda vuelta electoral de 2026 en Perú, los delitos electorales más frecuentes abarcan diferentes conductas que afectan la transparencia y legitimidad del proceso. Entre ellos se encuentra el porte de armas, que se sanciona con prisión de uno a doce meses, incluso si se tiene licencia. Manipular, sustraer o destruir material electoral puede conllevar sentencias de entre dos y ocho años de cárcel. El uso de violencia para impedir o perturbar el desarrollo de la votación se castiga con penas que van de tres a diez años de prisión.

La coacción al elector, es decir, amenazar o usar violencia para influir en el sentido del voto, puede derivar en hasta cuatro años de cárcel. Hacer propaganda política el día de la elección o dentro de los locales de sufragio está prohibido y se sanciona con multas de 1 a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Votar usando la identidad de otra persona, conocido como suplantación de votantes, también puede implicar hasta cuatro años de prisión, al igual que la compra de votos, que sanciona a quienes ofrecen dinero o beneficios a cambio del sufragio.