Educación financiera y limitación estructural

Invertir en educación genera retornos en el largo plazo, tanto en el plano personal —crecimiento profesional y mayores ingresos para las familias— como en el del país, mediante mejoras en productividad y mayor bienestar económico. La educación también nos brinda la posibilidad de estar mejor informados y tomar decisiones más conscientes en diversos ámbitos, como el manejo de nuestras finanzas.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el informe Mapeo de Iniciativas de Educación Financiera, donde se describen las características de las entidades que ofrecen estas iniciativas, sus públicos objetivo, los temas menos abordados y la brecha existente entre los sectores público y privado entre 2023 y 2024. Centrémonos en el público objetivo. Entre las 108 iniciativas identificadas, se observa una marcada preferencia por capacitar a adultos (87%) y jóvenes (65.7%), grupos estrechamente vinculados con decisiones financieras que afectan su bienestar presente y futuro, así como el de sus familias. En contraste, se registra una menor orientación hacia adolescentes y niños (22.2% y 19.4%, respectivamente).

Uno podría pensar que sería necesario masificar las capacitaciones dirigidas a estos últimos, considerando los beneficios de largo plazo que genera la educación. Masificar la educación financiera con exposiciones de casos y evidencias personales y familiares sería muy oportuno para impulsar cambios futuros en ciertos segmentos de la población: desarrollar una cultura del ahorro; promover un manejo efectivo de presupuestos; incentivar la toma racional de créditos; apostar por seguros; fomentar la inversión; evitar estafas; o incluso generar conciencia sobre la necesidad de aportar a un sistema previsional.

Sin embargo, existe un problema estructural que limita el retorno de cualquier esfuerzo educativo y, en realidad, de cualquier política pública en nuestro país: la informalidad. En el Perú, la informalidad reduce el impacto de las políticas públicas, incluso de aquellas vinculadas con la educación. Un mercado laboral informal, que no ofrece estabilidad, salarios competitivos y predecibles ni prestaciones sociales, disminuye los incentivos y la capacidad real de las personas para aplicar lo aprendido en materia de educación financiera. Para quienes viven del día a día, sin acceso a las oportunidades del empleo formal, ahorrar, planificar un presupuesto, construir historial financiero o tomar decisiones que aseguren calidad de vida futura no es una elección, sino un privilegio.

Por ejemplo, a nivel nacional, el 74.9% de los jóvenes que trabajan lo hacen sin un contrato formal, sin acceso a beneficios laborales ni seguridad social, según resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, resultados del Global Findex 2025 sobre conectividad e inclusión financiera en el Perú, elaborado por el Banco Mundial, revelan que el 49.5% de la población encuestada no tiene una cuenta bancaria, y el 58.8% no tiene cuenta de dinero móvil.

En ese contexto, es difícil integrarse plenamente al sistema. Mientras la informalidad siga siendo la regla, cualquier iniciativa de educación financiera tendrá un alcance limitado. Como bien sostiene el Banco Mundial, la educación y el empleo son factores clave que influyen en la capacidad de ahorro y en el acceso a servicios financieros. En esa línea, urge ser juiciosos respecto a la situación de informalidad con la que subsiste la economía peruana y diseñar e implementar acciones concretas y efectivas para incentivar la formalidad. Esa “nueva formalidad” de la que tanto se habla debe empezar a implementarse ya.