La intervención fiscal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga introdujo un episodio que puso en tensión el reciente proceso de admisión. La presencia de personal del Ministerio Público dentro del campus abrió un debate sobre la solidez de los procedimientos internos. Mientras las diligencias se ejecutaban en diversas oficinas, las autoridades universitarias ofrecieron pronunciamientos que buscaron sostener la confianza de la comunidad.
El operativo incluyó el ingreso de peritos informáticos, policías de la Dirección Contra la Corrupción y representantes del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El movimiento dentro de las áreas vinculadas al examen generó inquietud entre postulantes y padres, quienes seguían con atención el desarrollo de los hechos. La medida judicial, respaldada por una orden de allanamiento, permitió el registro de equipos y documentos vinculados al proceso de admisión 2026-II.
A la vez, la Contraloría General de la República dio a conocer advertencias sobre falencias en la convocatoria previa. El informe N.º 014-2025-OCI describió irregularidades que expusieron dificultades de control durante la selección de postulantes. Sus observaciones se difundieron poco antes de la acción fiscal y elevaron el nivel de preocupación institucional.
Advertencias de la Contraloría
El informe de la Contraloría puntualizó cuatro observaciones. La primera señaló que la universidad no verificó documentos de postulantes exonerados, lo que podría permitir falsificaciones. La segunda se centró en una distribución de alimentos sin control destinada a comisiones vinculadas al examen. La tercera indicó que el cronograma del CEPRE obligó a algunos jóvenes a efectuar un pago adicional que no correspondía. La cuarta detectó cobros por reinscripción y constancia de ingreso por encima de lo establecido en el TUPA.
Intervención fiscal en la UNSCH
En paralelo, la sede universitaria recibió un allanamiento dirigido por la fiscal adjunta provincial Nelly Janet Quichca Ccasani. La medida incluyó oficinas de Admisión e Informática, el centro de cómputo, la sala de servidores, las áreas encargadas de revisión de exámenes, así como ambientes de videovigilancia. Según la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho, la intervención respondió a una investigación preliminar por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
La diligencia permitió incautar servidores, equipos informáticos, cartillas ópticas, documentos y dispositivos de comunicación. También se recogió material en posesión de funcionarios y trabajadores, siempre que pudiera aportar datos para la investigación. La hipótesis fiscal se relacionó con denuncias sobre un posible cobro de coimas para favorecer a postulantes mediante manipulación de la hoja óptica de respuestas.
La medida se ejecutó durante varias horas y buscó asegurar elementos que apoyen el desarrollo de la investigación preliminar vinculada al proceso de admisión 2026-II.
El rector Emilio Ramírez expresó respaldo a su equipo de admisión. En conferencia de prensa, afirmó: “Aquí públicamente reitero mi confianza a la comisión de admisión porque esta comisión, como las otras, están constituidas por docentes con mucha probidad, experiencia”. Sostuvo que la prueba se desarrolló de manera correcta pese a la intervención fiscal y la incautación de material institucional.
Investigación penal por falsedad
La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga abrió indagación a nivel policial contra 27 personas por el presunto delito de falsedad genérica en agravio de la UNSCH. Según el acta de intervención, el 23 de noviembre del 2025 algunos postulantes fueron intervenidos en la universidad con dispositivos electrónicos camuflados y microaudífonos insertados en el oído para recibir respuestas del examen.
La Fiscalía ordenó diligencias durante un plazo de 30 días, incluida la revisión de equipos incautados, declaraciones del personal docente que participó en las intervenciones y toma de manifestaciones de los investigados. La información recabada será integrada al expediente para determinar responsabilidades.
Además, se detuvo a cinco menores —tres mujeres y dos varones— entre 16 y 17 años. Todos fueron identificados y puestos a disposición de la Primera Fiscalía Provincial de Familia, con el fiscal adjunto Joe Samuel Curi Tapahuasco a cargo.
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