La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, expresó su respaldo a las acciones emprendidas por el sistema de justicia para sancionar a quienes pusieron en riesgo la salud y la seguridad alimentaria de los niños beneficiarios del programa Qali Warma. La funcionaria remarcó la necesidad de que el Ministerio Público avance con rapidez en las investigaciones vinculadas a la presunta distribución de alimentos contaminados.
“Hemos tenido una comunicación con la Fiscalía para respaldar cada proceso en el marco del sistema de justicia y hemos solicitado que las investigaciones se realicen con la mayor celeridad posible”, afirmó Lesly Shica, según información oficial del Midis. Sus declaraciones se dieron mientras se efectuaban operativos fiscales que identificaron presuntas redes criminales dedicadas a la adulteración de alimentos.
La ministra subrayó que, desde el inicio de su gestión, se adoptaron medidas para enfrentar la corrupción entre proveedores del servicio de alimentación escolar. Recordó que en reuniones iniciales con el Ministerio Público trabajó para reforzar la supervisión de los productos dirigidos a escolares en diversas regiones.
Además, enfatizó que la Contraloría General de la República participa en los operativos desplegados en todo el país. Este acompañamiento, señaló, busca asegurar un control más exhaustivo de los procesos y evitar que los proveedores incumplan los estándares de calidad e inocuidad fijados por el Estado.
“Una de nuestras primeras acciones fue sostener una reunión con el Ministerio Público, para comprometerlos en nuestro trabajo de supervisar la alimentación escolar, y además hemos incluido a la Contraloría General de la República para que nos acompañe en los operativos de supervisión que estamos desplegando en todo el país”, remarcó.
Shica también presentó el nuevo proceso de compras del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que aplica filtros más severos para impedir que empresas investigadas o sancionadas por irregularidades vuelvan a participar. “Estamos poniendo las cláusulas que corresponden. Además, abrimos todo el mercado para que las empresas interesadas se sumen demostrando calidad, transparencia e idoneidad”, indicó.
Supervisión conjunta apunta a frenar proveedores que incumplen normas sanitarias
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social explicó que su sector coordina acciones con la Fiscalía y la Contraloría para fortalecer los mecanismos de supervisión relacionados con los programas alimentarios. Esta articulación responde a los hallazgos recientes que cuestionan la inocuidad de productos distribuidos a estudiantes de diferentes niveles.
Según el Midis, las reuniones con el Ministerio Público buscan garantizar vigilancia conjunta en los procesos de supervisión. La inclusión de la Contraloría permite reforzar el control durante los operativos en regiones donde se identificaron irregularidades. La autoridad insistió en que estos esfuerzos tienen como meta eliminar la presencia de proveedores que vulneran las normas de salud pública.
Los operativos recientes han puesto al descubierto presuntas redes que manipulaban procesos, alteraban controles sanitarios y facilitaban la distribución de conservas adulteradas. Estas acciones, advirtieron las autoridades, atentan contra la seguridad alimentaria de millones de escolares en el país.
Nuevas reglas del PAE buscan mayor transparencia y control en proveedores
En conferencia de prensa, el Midis informó que el nuevo proceso de compras del PAE regirá a partir de 2026, tras su aprobación por el Ministerio de Economía y Finanzas. El modelo incorpora filtros específicos para garantizar la transparencia y prevenir la participación de empresas relacionadas con afectaciones a la salud.
Las reglas establecen que empresas que provocaron daños a la salud o incumplieron requisitos no podrán constar en el Registro de Participantes del PAE. Además, solo podrán postular firmas inscritas en el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
El viceministro de Prestaciones Sociales, Fidel Pintado, explicó que la gestión actual añade mecanismos para impedir la presentación de documentación falsa y la intervención de proveedores que no siguen los procedimientos estipulados. “Ahora el proceso de compras será abierto, transparente y con reglas claras”, sostuvo Fidel Pintado.
Saby Mauricio, directora ejecutiva del PAE, detalló que la propuesta incorpora alimentos proteicos, energéticos y protectores, con aporte de vitaminas, minerales y fibra. Remarcó que se fortalecerán las evaluaciones de calidad en toda la cadena productiva, asegurando alimentos adecuados para escolares.
El nuevo esquema también prevé la inclusión de productos tradicionales de cada región, lo que permitirá impulsar economías rurales y promover cadenas cortas. Además, se establecen estrategias de educación alimentaria para fomentar hábitos saludables desde la escuela.
Avances fiscales y detención de implicados en el caso Qali Warma
Las investigaciones fiscales en torno al caso Qali Warma continuaron con la incautación de más de 27.000 cajas de conservas adulteradas durante un operativo realizado en La Libertad, Áncash y Lima. El fiscal Reynaldo Abia Arrieta informó que los productos podrían estar vinculados a incidentes de intoxicación registrados en el sur del país.
Tres personas fueron detenidas: Aníbal Morillo, Jorge Luis Silva y Luis Álvarez, este último exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash. Todos enfrentan investigación por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Existen además órdenes de captura contra otros dos implicados, entre ellos Óscar Acuña Peralta.
La Fiscalía indicó que los investigados habrían colaborado con funcionarios de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad para flexibilizar controles sanitarios y favorecer a empresas proveedoras. El caso avanza en su cuarta fase preparatoria y busca determinar la existencia de una posible red criminal dentro de instituciones públicas.
Operativos previos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional permitieron la detención preliminar de exfuncionarios y el allanamiento de dieciséis inmuebles. Las autoridades sostienen que las irregularidades ocurrieron entre 2021 y 2024, a través de la manipulación de procedimientos en DIGESA y otras instancias.
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