
Los colegios del Perú aplicarán desde este año nuevos criterios para identificar situaciones de bullying, acoso escolar o conflictos entre estudiantes. El Ministerio de Educación (Minedu) introdujo una actualización normativa que modifica la forma en que se interpreta la conducta de los menores, señalando que los niños de 9 y 10 años ya no serán considerados agresores en casos reportados como presuntos hechos de violencia.
La principal variación radica en diferenciar con mayor claridad qué es un conflicto propio del desarrollo y qué constituye realmente un acto de violencia. En los últimos años, episodios como empujones, burlas o juegos bruscos entre escolares pequeños fueron registrados en el SíseVe, la plataforma oficial de reportes del Minedu, bajo categorías asociadas a violencia o acoso.
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La expectativa es que los colegios puedan identificar con mayor precisión cuándo una situación requiere intervención inmediata y cuándo corresponde trabajarla desde el acompañamiento emocional y la mediación. Bajo este enfoque, la evaluación de cada caso deberá considerar el contexto, las edades, los patrones de conducta y la información brindada por docentes, estudiantes y familias, para evitar tanto la minimización de hechos graves como la sobrerreacción ante conflictos propios del desarrollo infantil.
Cómo se interpretan los conflictos y la violencia con los nuevos criterios

La actualización incorpora dos ejes centrales: conflicto y violencia. Según los lineamientos difundidos, un conflicto escolar puede surgir de un desacuerdo, impulso momentáneo o interacción propia de la convivencia, sin un propósito claro de causar daño. Por otro lado, un acto de violencia implica intención, repetición y una relación desigual de poder entre estudiantes.
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Víctor Vásquez, coordinador de Bienestar y Tutoría de Innova Schools, señaló a la agencia Andina que para determinar si existe violencia escolar, la evaluación debe considerar si hubo un propósito explícito de perjudicar a otro estudiante. Además, explicó que el concepto de bullying incluye tres elementos simultáneos: un agresor, una víctima y espectadores que, con su presencia o reacción, pueden reforzar la conducta.
En la interpretación difundida por especialistas en tutoría, las conductas entre niños de 9 o 10 años se clasifican principalmente como conflictos porque, a esa edad, los estudiantes aún están desarrollando habilidades para controlar impulsos y comprender el impacto de sus acciones. Sin embargo, este punto de vista convive con la preocupación de algunos padres que consideran que ciertas conductas sí pueden resultar dañinas y deberían recibir atención temprana.
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Los lineamientos también precisan que no toda situación negativa dentro del aula debe activar protocolos de acoso escolar. Para el Minedu, esta diferenciación evita estigmatizar a menores con etiquetas como “agresor” o “violentador” cuando todavía se encuentran en etapas iniciales de desarrollo socioemocional. No obstante, se recalca que cada caso será evaluado por las autoridades educativas para determinar si corresponde intervención pedagógica, psicológica o disciplinaria.
Factores familiares, señales de alerta y rol de la escuela
Los entornos familiares y las dinámicas del hogar pueden influir en el comportamiento de los estudiantes. Vásquez indicó que estilos de crianza permisivos —donde los límites no son claros— o autoritarios —caracterizados por gritos, castigos o relaciones verticales— pueden favorecer la aparición de conductas agresivas en el entorno escolar. No obstante, otros especialistas sostienen que también intervienen factores externos como la exposición a situaciones de inseguridad, redes sociales o presión del grupo.
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Entre las señales que los padres deberían observar, se mencionan cambios bruscos en el estado de ánimo, conductas inusuales o rechazo persistente a asistir al colegio. Estas manifestaciones no necesariamente indican bullying, pero pueden alertar sobre algún tipo de dificultad emocional o social.
La comunicación abierta dentro del hogar es otro punto señalado por expertos. Escuchar a los menores sin juzgarlos previamente puede facilitar que expresen lo que ocurre en clases, ya sea una situación de conflicto, malestar con compañeros o incomodidad frente a un docente. Algunos psicólogos escolares recuerdan que los estudiantes tienden a ocultar información cuando anticipan castigos o reproches.
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En paralelo, las instituciones educativas tienen un papel clave en la interpretación de los nuevos criterios. Se recomienda que directores, tutores y equipos de convivencia realicen reuniones informativas con padres de familia para explicar cómo se evaluarán los reportes y de qué manera se aplicarán los protocolos en adelante. Estas orientaciones buscan evitar confusiones, sobre todo considerando que un número importante de casos reportados al SíseVe no necesariamente cumplía con las características formales de acoso escolar.
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