El expresidente de Perú, Pedro Castillo, presentó una denuncia penal contra Dina Boluarte y cien congresistas, a quienes acusa de haber avalado lo que considera una vacancia ilegal en su contra. La acción legal fue informada por el propio exmandatario desde su cuenta personal, donde argumentó que la votación parlamentaria del 7 de diciembre de 2022 no cumplió con el reglamento interno del Congreso.
Según la denuncia, los congresistas implicados habrían vulnerado la Ley al no alcanzar el mínimo de 104 votos necesarios para declarar la vacancia presidencial, registrando solo 101. Castillo sostiene que este proceso no respetó el trámite legislativo correspondiente, además de apuntar que Boluarte habría aceptado el cargo de presidenta “de forma inconstitucional”. El exjefe de Estado sostiene que, a su juicio, el procedimiento constituye una transgresión tanto a la legalidad como a la voluntad popular.
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Desde su celda, Castillo compartió un mensaje en el que afirmó: “He presentado una denuncia penal contra 100 congresistas que votaron por mi vacancia ilegal y contra Dina Boluarte, quien aceptó un cargo de manera inconstitucional el 7 de diciembre de 2022”. Reiteró en ese pronunciamiento que la votación y el procedimiento no respetaron los parámetros establecidos.
En su declaración pública, el exmandatario sostuvo que la decisión de presentar esta denuncia responde al respaldo de sectores sociales que se han manifestado contra su salida del poder. “Esta denuncia es por el maestro, el campesino, el indígena, el obrero, el estudiante, el hombre y la mujer del pueblo que siguen resistiendo frente al abuso y la mentira”, expresó Castillo en su misiva.
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El proceso judicial iniciado podría abrir nuevos escenarios para el análisis político y legal en el país andino. Hasta el momento, no se han divulgado reacciones de los denunciados ni el curso que seguirá la denuncia en el sistema judicial peruano.
Defensa de la denuncia
El exabogado del expresidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, respaldó públicamente la denuncia presentada por su defendido contra Dina Boluarte y cien congresistas, argumentando que la acción se encuentra sostenida en fundamentos jurídicos sólidos. Espinoza precisó que la denuncia centra su argumento en el procedimiento y los votos requeridos para la vacancia de Castillo, afirmando que en la sesión parlamentaria solo se registraron 101 votos a favor, una cantidad inferior al mínimo de 104 exigido por el artículo 89-A del reglamento interno del Congreso.
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El abogado consideró que la práctica política en Perú prioriza los números sobre las razones legales, pero insistió en que “en una democracia constitucional interesan no solo los votos, sino los fundamentos”. Espinoza sostuvo que la destitución de Pedro Castillo reflejó una desviación respecto al mecanismo establecido en la legislación nacional. Opinó que Castillo fue apartado mediante un procedimiento que, a su juicio, no siguió la legalidad constitucional, permitiendo así lo que califica como una sucesión ilegítima del poder ejecutivo.
La denuncia presentada por el exmandatario sostiene que los legisladores incurrieron en abuso de autoridad y responsabiliza a Boluarte por el presunto delito de nombramiento ilegal, al asumir la Presidencia sin cumplir con todos los requisitos legales. El documento subraya también que Castillo no habría podido ejercer íntegramente su derecho a la defensa durante el proceso parlamentario.
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El caso ha generado nuevas discusiones sobre la validez de los procedimientos legislativos en situaciones de crisis política. La denuncia avanza en los canales judiciales correspondientes, mientras persisten posiciones divididas entre diferentes sectores políticos y constitucionalistas sobre el desenlace de la destitución y la sucesión presidencial.
Según el Tribunal Constitucional, la destitución de Castillo ocurrió tras su intento de instaurar un gobierno de facto, lo que permitió al Congreso actuar bajo condiciones excepcionales, sin cumplir el trámite ordinario en ese contexto.
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