
Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial advirtió sobre el riesgo que supone el proyecto de reforma constitucional impulsado en el Congreso de la República. Explicó que la propuesta formulada en la comisión presidida por María del Carmen Alva busca convertir a la institución en un órgano más dentro de un sistema de justicia, lo que implicaría una gravísima subordinación.
En entrevista con RPP, profundizó sobre cuatro modificaciones centrales: La principal, y la que más preocupaciones despierta al interior, es justamente la que reubicaría esta institución dentro de un sistema de administración de justicia, equiparándola con organismos como el Ministerio Público o la Policía Nacional.
“Se rompe el equilibrio de poderes, sale el Poder Judicial de aquello que constituye la trilogía que es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Esto vulnera el control constitucional que nos otorga la Carta Magna y la independencia judicial, para someternos a un sistema administrativo”, mencionó la jueza suprema titular del Poder Judicial.

A ello se suma modificar la edad de cese de los jueces a los 75 años, eliminar el sistema de ratificación periódica e instaurar la creación de una Escuela Nacional encargada de la formación y designación de magistrados. Esta última medida, precisó Barrios, puede abrir la puerta a la injerencia política.
“Hay un grave riesgo y es que, en tanto se implemente la escuela y se formalicen los nuevos concursos, seguiremos con un alto porcentaje de magistrados provisionales y supernumerarios”, apuntó y defendió que la actual composición y funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia resulta más adecuada. “El problema no está en el modelo, sino en quiénes integran esa junta y cómo se garantiza su legitimidad ante la ciudadanía”, aseveró.
En otro momento, Barrios se pronunció sobre las críticas por parte de congresistas, quienes cuestionan la inaplicación de normas promulgadas, en un contexto de criminalidad. Consideró que “el hecho de tener una opinión en contra de una institución no tiene que estar dirigida a aniquilar ese sistema, sino a reforzar, a potenciar” y destacó la creación de unidades de flagrancia.
“Desde mi gestión se crearon las primeras unidades de flagrancia, un modelo óptimo como parte de la seguridad ciudadana. De nuestro propio presupuesto invertimos para generar ese modelo y generar credibilidad. El doctor Arévalo, en su gestión, potenció las unidades de flagrancia. También en la siguiente gestión, ahora con Janet Tello, estamos potenciando ese trabajo con el Consejo Ejecutivo. Hemos probado que podemos juzgar en términos rápidos, setenta y dos, cinco días, diez días, pero lamentablemente el Ministerio Público no pone fiscales”, mencionó.

Opinó que la situación actual por la que atraviesa la Fiscalía impide que, pese a que les han dado un significativo presupuesto, no solicitan que se tramite un proceso de flagrancia: “Por eso es que se dice: ‘Hay tantos detenidos y estos detenidos están dando la vuelta’”.
En esa línea, invocó al fiscal Tomás Gálvez a articular en conjunto. “El que ellos tengan conflictos a la interna no puede impedir que nosotros, como institución, nos reunamos y podamos articular esfuerzos para salir adelante, más allá de quien dirija una institución. Este no es un tema de institución, este es un tema de país”, concluyó.
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