Delia Espinoza solicitó la entrega formal del cargo de Fiscal de la Nación al abogado Tomás Gálvez, quien se desempeña en la actualidad como titular interino del Ministerio Público. La petición se formalizó en una carta enviada tras la resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que ordenó suspender provisionalmente la sanción disciplinaria dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra.
En la misiva, Espinoza precisó que el fallo declara la suspensión de los efectos de la medida cautelar dictada mediante la Resolución n.° 143-2025-JNJ del 19 de septiembre de 2025, que había impuesto una sanción dentro del Procedimiento Disciplinario n.° 061-2025-JNJ. Asimismo, que alcanza a los cuatro cargos que motivaron el proceso disciplinario, lo que la habilita a retomar el despacho de la Fiscalía de la Nación.
Espinoza recordó que mediante la Resolución N.° 2958-2025-MP-FN del 22 de septiembre de 2025 se lo designó como Fiscal de la Nación interino, en atención al Acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos n.° 097-2025 y a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia citada, por lo que, con la notificación de la nueva resolución judicial, corresponde que Gálvez “proceda a realizar la entrega de cargo de su gestión como interino y designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión a la suscrita”.
La carta también insta a detener cualquier gestión institucional, en vista del retorno de Espinoza. “Corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima en dicho cargo”, apuntó.
¿Por qué el PJ ordenó el retorno de Delia Espinoza?
El juez constitucional Juan Torres Tasso ordenó el retorno de Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación y advirtió que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desacató una orden judicial al mantener la suspensión de la magistrada pese a una medida cautelar previa.
La decisión del magistrado no solo ratificó la orden de reposición, sino que dejó constancia de que los consejeros de la JNJ, presididos por Gino Ríos Patio —sentenciado por violencia familiar—, vulneraron la Ley Orgánica del Poder Judicial al no ejecutar la resolución judicial “en sus propios términos”.
El conflicto comenzó en octubre, cuando el Noveno Juzgado Constitucional de Lima emitió una medida cautelar para suspender el proceso disciplinario que apartó a Delia Espinoza por no entregar el cargo a Patricia Benavides. El juzgado dispuso su restitución como fiscal de la Nación y paralizó la tramitación de cargos derivados del supuesto desacato. Sin embargo, la JNJ defendió que la orden judicial no afectaba a todos los cargos que motivaron el apartamiento de Espinoza, y por mayoría, decidió mantener la suspensión preventiva por las otras imputaciones, situación que dio lugar al nuevo pronunciamiento judicial.
En la última resolución, Torres Tasso señaló expresamente que los miembros de la JNJ infringieron el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que obliga a cumplir las decisiones judiciales “sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances”. El texto legal advierte que incurrir en ese tipo de conducta genera responsabilidad civil, penal o administrativa.
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