Betssy Chávez no se vería afectada por propuesta del gobierno de Jerí ante la OEA para limitar el asilo político

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó los alcances y el impacto que tendría un posible cambio al tratado internacional en el caso de la exministra

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El gobierno de José Jerí decidió postergar la entrega del salvoconducto para la exministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México. Sin este permiso, la ex primera ministra no puede abandonar el país ni salir de la sede diplomática, ya que podría ser intervenida mientras el Poder Judicial evalúa un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra.

La Cancillería peruana optó por una vía diplomática para justificar la demora: presentará una propuesta ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el fin de modificar la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático. El objetivo sería evitar que este beneficio se conceda a personas investigadas por delitos comunes y no a perseguidos políticos, como establece la norma.

José Jerí se pronuncia sobre el salvoconducto en espera para Betssy Chávez. Canal N

Modificación de la Convención de Caracas

Sin embargo, incluso si los países miembros aprobaran modificar los alcances de dicha convención, el cambio no afectaría la situación de Betssy Chávez.

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, explicó que el tratado se rige por el principio jurídico de irretroactividad de la norma, lo que significa que ninguna modificación podría alterar procesos iniciados antes de su eventual reforma.

“Es decir, la modificación no podría aplicarse a la señora Chávez, que es un caso anterior a la modificación”, señaló en declaraciones al diario Expreso.

Un debate pendiente sobre el uso del asilo diplomático

El excanciller consideró, no obstante, que la iniciativa del Ejecutivo representa un aporte valioso al debate sobre el uso del asilo diplomático, una figura que —según precisó— “ha sido objeto de abusos por parte de diversos gobiernos”. En su opinión, una actualización de las reglas del derecho internacional contribuiría a definir con mayor claridad los límites y alcances de esta protección, aunque reiteró que no tendría incidencia en la situación de la exjefa del Gabinete.

“En cualquier caso, sería un aporte del Perú para llevar adelante un proceso de actualización de las reglas del derecho internacional, pero no para decidir el destino de la señora Betssy Chávez. Ella está, nos guste o no, circunscrita hermenéuticamente a lo que diga la Convención de Caracas de 1954 y la Constitución Política del Perú”, agregó.

Quién es Betssy Chávez, la
Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México| ComexPerú/Andina (Composición Infobae Perú)

En suma, la propuesta del gobierno de Jerí se proyecta como una iniciativa diplomática con posibles repercusiones regionales, pero sin efectos inmediatos sobre el caso de Betssy Chávez, cuyo futuro continúa atado al marco legal vigente y a la decisión pendiente del Poder Judicial.

¿Qué pasará con Betssy Chávez?

El futuro de la exministra Betssy Chávez continúa siendo incierto. Según explicó Miguel Ángel Rodríguez Mackay en una entrevista previa con Infobae Perú, la ex primera ministra podría permanecer indefinidamente en la sede de la Embajada de México.

El diplomático señaló que el Perú no puede intervenir militarmente ni retirarla por la fuerza, pues ello significaría un grave retroceso en la política exterior y un atentado contra la soberanía de otro país.

Foto de archivo. Un hombre
Foto de archivo. Un hombre pasa frente a la embajada de México en Lima, después de que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México, tras la decisión de otorgar asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, 5 de noviembre de 2025. REUTERS/Gerardo Marin

Mientras tanto, la encargada de la Embajada de México en Lima abandonó el país durante la madrugada de este domingo. Con su salida, la sede diplomática pasará a estar bajo la responsabilidad de otro Estado, que asumirá la administración temporal y la protección del local.