Burocracia y competitividad

Hablar de tramitología es hablar de historia. Una historia de lucha por conseguir la tan ansiada simplificación administrativa. Se trata de combatir el exceso de trámites innecesarios que frenan la inversión y entorpecen los negocios. Es decir, de eliminar la burocracia excesiva que obstaculiza el desarrollo económico, alimenta la corrupción y reduce la competitividad.

En el Perú, durante la década de 1990, como parte del proceso de modernización del Estado, se impulsaron reformas orientadas a eliminar trabas administrativas impuestas por entidades públicas. En los años 2000 se implementó el “silencio administrativo positivo”: si la administración pública no se pronunciaba en un plazo legal determinado, se consideraba que la solicitud había sido aprobada. A partir de 2010, la burocracia trascendió tanto en la vida cotidiana del ciudadano como en sectores clave, como el extractivo, al punto de convertirse en un problema estructural del Estado peruano: la ineficiencia del aparato público.

Recientemente, el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad de Florida publicó el Índice de Burocracia 2025, que evalúa los trámites de apertura y de funcionamiento de empresas. Para los 21 países analizados, abrir una empresa toma, en promedio, 77 días, mientras que atender los trámites de funcionamiento requiere 66 días. En el caso del Perú, los tiempos ascienden a 139 y 145 días, respectivamente. Esto nos resta competitividad. Otros países presentan mejores resultados: el líder en apertura es Brasil, y en funcionamiento, Panamá.

Un caso emblemático que grafica la magnitud del impacto negativo de la burocracia estatal en el Perú es el de la minería. Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), elaborado por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), revela que un proyecto minero en nuestro país demora, en promedio, hasta 40 años en pasar de la exploración a la producción. De ese periodo, el 40% correspondería a la obtención de permisos y autorizaciones ambientales: estudios de impacto ambiental, licencias de uso de agua o certificados de inexistencia de restos arqueológicos. ¡Dieciséis años lidiando con trámites administrativos! Idas y vueltas interminables que desalientan a cualquier inversionista. Cabe mencionar que, en el mundo, un proyecto minero tarda en promedio 28 años en ver la luz.

Existe mucha incertidumbre respecto de los proyectos de inversión minera. Las dificultades para llegar a acuerdos con las comunidades, la inseguridad y la inestabilidad política debilitan las condiciones para invertir. Así, el sector minero peruano pierde competitividad frente al resto del mundo. No solo desaprovechamos el tiempo, sino también los periodos de precios altos por los que atraviesan los metales.

En un contexto en que el país necesita atraer y sostener inversiones, la eficiencia administrativa se vuelve una urgencia impostergable. El Perú requiere de una política de impulso a la competitividad que trascienda gobiernos. De la articulación entre ministerios, de las acciones conjuntas y de la vinculación efectiva de las políticas asociadas al Plan Nacional de Competitividad y Productividad dependerá levantar trabas burocráticas, impulsar la inversión y generar más empleo de calidad. Los hacedores de política y los próximos gobernantes deben pensar en lo que quieren del país hacia el segundo cuarto de siglo: seguir en las mismas condiciones o ser realmente más competitivos.