Fiscalía de Ayacucho restituye los restos de 13 víctimas asesinadas en los 80, algunos por sujetos con uniforme militar

La Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho realizó este miércoles la restitución de los restos de 13 víctimas del periodo de violencia política en Perú entre 1980 y 2000, según informó el Ministerio Público en una ceremonia que congregó a autoridades, familiares y entidades humanitarias. Los casos, abordados en tres investigaciones humanitarias, incluyen víctimas que murieron por acción de sujetos armados, varios de ellos con prendas militares.

La ceremonia y las autoridades presentes

El acto de entrega, reportado por el Ministerio Público, se efectuó con la presencia de figuras como Fritz Espinoza Landeo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ayacucho, y la fiscal superior del Equipo Especial para casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales, Lilly Lorena Gelacio Llontop, quien participó en forma virtual. También acudieron representantes de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Equipo Forense Especializado (EFE), la Cruz Roja, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú y líderes religiosos.

El personal forense llevó a cabo la labor de traslado y armado anatómico de los restos en ataúdes antes de la entrega, procedimiento que antecedió el encuentro de los familiares con los restos de sus seres queridos.

Detalles de las investigaciones y víctimas

La fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo detalló, de acuerdo al comunicado institucional, que los restos corresponden a diligencias de tres expedientes humanitarios desarrollados en la región. El primer caso involucra a Pablo Hinostroza Alarcón y Santos Martínez Quicaño, detenidos y asesinados el 20 de diciembre de 1983 tras una incursión armada en el centro poblado de Munaypata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo. Entre los atacantes se identificó presencia de uniformados militares.

El segundo expediente comprende a Marcelino Montes de la Cruz, detenido el 10 de julio de 1984 en su vivienda ubicada en el anexo de Ccatuspampa, comunidad de Huamanccacca, provincia de Huanta. Un grupo aproximado de 25 personas con uniformes oscuros lo interceptó y posteriormente fue hallado muerto e inhumado en la zona.

El tercer bloque agrupa los restos de nueve víctimas no identificadas, asesinadas entre 1983 y 1989 en las localidades de Triboline, Matucana Alta, Gloriapata, Nueva Alianza, Huamanpata y Fundo Florencia, situadas en el distrito de Sivia, provincia de Huanta, dentro del área del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Los crímenes, según el reporte institucional, fueron perpetrados por integrantes de un grupo subversivo contra habitantes locales.

Además, el Ministerio Público incluyó la restitución de los restos de una persona no identificada víctima de un hecho de lesa humanidad ocurrido en Andamarca, distrito de Carmen Salcedo, provincia de Lucanas.

Compromiso institucional con la verdad y la reparación

La Fiscalía indicó que estas acciones se enmarcan en labores de búsqueda, identificación y restitución a familiares como parte del proceso de reparación. “Con esta acción, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del periodo de violencia, contribuyendo a la recuperación de la dignidad de quienes perdieron la vida y al consuelo de sus familias”, señaló la entidad fiscal.

De acuerdo a las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), durante las décadas de 1980 a 2000 el conflicto armado interno en Perú ocasionó miles de muertes, de las cuales aproximadamente 46% fueron atribuidas a grupos subversivos y 30% al Ejército, cifras reconocidas por la propia CVR en sus informes.