El paro de transportistas urbanos convocado este 4 de noviembre en Lima y Callao volvió a poner en primer plano la problemática de la extorsión y la inseguridad en el sector transporte.
La convocatoria, acatada de forma parcial, impactó desde temprano en la movilidad urbana, generando largas filas en las estaciones del Metro de Lima y del Metropolitano.
Miles de usuarios ocuparon paraderos en busca de unidades, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de seguridad tuvieron que intervenir para organizar el flujo de pasajeros.
En medio de este escenario, el presidente José Jerí llegó hasta el distrito del Rímac para dialogar con representantes gremiales y reiterar el compromiso estatal de enfrentar la delincuencia organizada que afecta a conductores y empresas.
Pese a los esfuerzos y despliegues policiales, el estado de emergencia decretado para Lima y Callao no ha logrado frenar la violencia.
El paro, originado en el cúmulo de ataques y amenazas sufridos por los trabajadores del rubro, expone la urgencia de buscar soluciones integrales que aborden la raíz de la inseguridad en zonas clave del transporte urbano.
Incendio de mototaxi
Mientras gremios reclamaban acciones ante la ola de extorsiones, en el distrito de Independencia un nuevo incidente puso de relieve la magnitud del problema.
En la madrugada del mismo martes, tres sujetos incendiaron una mototaxi perteneciente a la empresa Asociación Servicios Especiales Aravicus.
El ataque ocurrió en la zona de Tahuantinsuyo, en el asentamiento humano Las Américas, cuando los individuos se aproximaron y prendieron fuego al vehículo, que resultó completamente calcinado.
Otro automóvil estacionado a pocos metros también sufrió daños parciales por las llamas, mientras los vecinos intentaban controlar el incendio con baldes de agua. El fuego, además, derritió cables de alumbrado público y una baranda metálica.
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia, que según testigos fue ejecutada con rapidez y coordinación. Los moradores relataron que los atacantes solo permanecieron unos segundos antes de provocar el incendio, y luego huyeron del lugar.
Las investigaciones preliminares de la PNP vinculan este hecho con la serie de atentados sufridos por la empresa Aravicus en los últimos meses.
Se trataría del quinto ataque documentado, como parte de un esquema de extorsión donde se exige el pago de 15 mil soles como “inscripción” y una cuota diaria de 5 soles por cada mototaxi operativa.
Directivos de la empresa denunciaron estas amenazas ante la comisaría de Tahuantinsuyo, sumando su caso a la lista de afectaciones en el sector norte de Lima.
La persistencia de este método criminal, que obliga a los propietarios a pagar sumas elevadas bajo coacción, evidencia los riesgos que afrontan trabajadores y empresas frente a redes de extorsionadores.
La situación en Independencia, donde la violencia criminal impacta de lleno en el tránsito y la economía local, revela cómo las jornadas de protesta y los anuncios oficiales aún no logran disuadir a las organizaciones ilícitas, que mantienen el acecho sobre un rubro clave de la movilidad limeña.
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