La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y ACONADIYSH denunciaron la grave situación de abandono y escalada del crimen organizado que enfrentan las comunidades indígenas del distrito de Yurúa, en la frontera con Brasil.
Las organizaciones advirtieron sobre la presencia de grupos armados transnacionales, así como la expansión de economías ilegales y el grave impacto sobre la integridad de los pueblos amazónicos.
Organizaciones indígenas alertan sobre avance criminal en frontera Perú-Brasil
Informes de las propias organizaciones indígenas confirman que estructuras criminales internacionales como el Comando Vermelho y los Comandos de la Frontera han cruzado desde Brasil hacia territorio peruano aprovechando la ausencia de controles estatales en los límites de Yurúa.
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Esa situación ha propiciado la proliferación de rutas fluviales y pistas de aterrizaje clandestinas destinadas al tráfico de drogas, facilitando el reclutamiento forzado y el consumo de sustancias ilícitas entre adolescentes y jóvenes indígenas.
El avance de estas redes criminales también ha reforzado otras actividades ilegales en la zona, como la tala indiscriminada de bosques y la explotación ilegal de recursos. Las consecuencias incluyen afectaciones a la autonomía y gobernanza de los pueblos nativos, así como amenazas constantes contra sus líderes y defensores territoriales.
Frontera amazónica bajo amenaza por ausencia estatal
En respuesta a la crisis, AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH impulsaron la restauración del puesto de control fronterizo del Hito 38 en Yurúa, donde han instalado la base de la nueva Guardia Indígena Transfronteriza Perú - Brasil. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre comunidades de ambos países e implementar un sistema de control y vigilancia territorial indígena frente al avance de las economías ilegales.
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“La creación de la Guardia Indígena y la reapertura del Hito 38 no son actos de confrontación, sino de esperanza y dignidad. Los pueblos indígenas sabemos organizarnos y exigimos que el Estado asuma su responsabilidad con seguridad, desarrollo y respeto”, manifestó el Apu Jamer López Agustín, presidente de ORAU. Las organizaciones recalcan que estas acciones buscan restablecer la seguridad y el control territorial, y que el Estado debe respaldar y reconocer el esfuerzo de las comunidades frente al abandono histórico.
Hito 38, ¿último bastión para frenar el crimen organizado en la frontera con Brasil?
La demanda de las organizaciones es clara y comprende cinco ejes principales: presencia policial permanente en la zona y articulación efectiva entre los Ministerios de Defensa e Interior; protección específica para defensores indígenas; implementación de programas de desarrollo alternativo que fortalezcan la economía sostenible desde las comunidades; mejora de la infraestructura básica en Yurúa; y el reconocimiento legal de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú-Brasil.
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Las autoridades indígenas reiteraron su llamado urgente al presidente de la República, José Jerí Oré, pidiendo que visite la zona y asuma de manera directa la atención integral a la crisis de seguridad y abandono estatal. Insisten en que la situación requiere medidas inmediatas y coordinación de alto nivel para frenar la expansión de las mafias y restaurar el control legítimo y seguro sobre los territorios amazónicos compartidos en la frontera.
AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH recuerdan que la supervivencia física, cultural y social de los pueblos indígenas del Yurúa depende de una presencia estatal efectiva y del respeto pleno a los derechos colectivos frente al crimen organizado transfronterizo.
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