El distrito de Chorrillos se convirtió otra vez en el escenario de un crimen a manos de extorsionadores. Un bus de transporte de la línea 52-T fue atacada a balazos la noche de este sábado 1 de noviembre, en pleno estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.
El vehículo de la empresa Etusa —con pasajeros a bordo— fue interceptado en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe. Allí, los criminales dispararon hasta en cinco oportunidades. El objetivo era el chofer, quien resultó con heridas leves.
Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Serenazgo de la Municipalidad de Chorrillos para cercar la zona, además de interrogar sobre lo ocurrido a los testigos.
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Vecinos alertaron a los medios de comunicación que no es la primera vez que ocurren este tipo de ataques contra empresas de transporte pública en dicha intercepción, por lo que claman por mayor presencia de las autoridades.
Tampoco es la primera vez que la compañía Etusa recibe amenazas o que sus trabajadores sus víctimas de atentados. El último caso ocurrió en San Juan de Lurigancho contra un bus de la línea 52-C.

Paro de transportistas
El ataque ocurrido en Chorrillos refuerza el clima de tensión que se vive en Lima Metropolitana y Callao. Tras una serie de hechos similares, la preocupación se ha extendido entre los trabajadores del sector y las empresas de transporte público.
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Ante esta situación, nuevas medidas de protesta cobran fuerza en la capital. Diversos gremios y compañías formales han optado por suspender sus operaciones temporalmente en un nuevo paro programado para este martes 4 de noviembre como respuesta a la persistente violencia y a la falta de soluciones concretas.
En las últimas semanas, los casos de extorsión y los atentados contra conductores, como el registrado en la empresa Etusa, han encendido las alarmas en el sector.
La aplicación del estado de emergencia no ha logrado frenar la escalada de ataques, lo que aumenta el malestar y la exigencia de acciones efectivas por parte de las autoridades.
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El vocero de los transportistas formales y director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda. Según indicó, la medida responde al incumplimiento de acuerdos previos y al clima de inseguridad que persiste, a pesar de los compromisos asumidos en reuniones anteriores.
A este escenario se suma la postura de asociaciones como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente indicó que aún evalúan su adhesión a la paralización, reflejando la diversidad de opiniones y estrategias dentro del sector. Otras agrupaciones, como Asotrani y la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), también presentan posiciones divididas frente al paro y sobre los avances en las acciones implementadas por el gobierno.
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En este contexto, las demandas por mayor seguridad y cambios en la legislación vigente se tornan más apremiantes. Las estadísticas oficiales registran en los primeros quince días del actual gobierno 28 homicidios vinculados al entorno del transporte, un dato que revela la dimensión del desafío que enfrenta la ciudad.
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