
El próximo jueves 6 de noviembre, más de 1.200 mercados de Lima Metropolitana suspenderán sus operaciones como parte de una medida de protesta convocada por la Federación de Defensa de los Mercados (Fredmomer). El gremio exige la suspensión temporal de multas que Sedapal viene imponiendo a los centros de abasto por el manejo de aguas residuales, las cuales, aseguran, superan ampliamente los montos habituales de consumo y ponen en riesgo la continuidad de sus actividades.
Manuel Peralta, presidente del Frente de Defensa de los Mercados de San Juan de Lurigancho y subsecretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercios del Perú, explicó en entrevista con Exitosa que la movilización también responde al creciente clima de inseguridad que afecta al sector. Sin embargo, remarcó que el eje principal es detener lo que consideran un “abuso” por parte de Sedapal y lograr que se modifique el marco normativo que rige las sanciones.
Denuncia de multas “desproporcionadas”
Peralta sostuvo que Sedapal está aplicando sanciones desmedidas a los mercados, equiparándolos a grandes industrias pese a que su actividad es comercial y no industrial. “Nos están considerando como si fuéramos fábricas. No usamos químicos ni metales, solo agua para lavar verduras, utensilios o preparar jugos”, reclamó.
Según indicó, las multas van desde S/ 1.500 hasta S/ 130.000 por cada sanción y en muchos casos se cobran dos veces al año. Afirmó que estos montos son incluidos directamente en los recibos de agua, lo que impide a los mercados realizar descargos oportunos y termina convirtiéndose en una obligación inmediata de pago.

Peralta describió este esquema como una forma de “extorsión” y alertó que Sedapal estaría recaudando más por sanciones que por el consumo regular del servicio. “Esto nos perjudica como emprendedores”, subrayó, señalando que la falta de pago puede resultar en el corte del servicio de agua y alcantarillado, afectando a comerciantes y consumidores.
Jornada de paralización y puntos de concentración
El representante gremial confirmó que la medida involucrará a 240 mercados en San Juan de Lurigancho y más de 1.260 en toda Lima, además de algunos centros de otras regiones que se sumarán en solidaridad. Entre los distritos ya confirmados se encuentran Ate, Villa El Salvador, Ventanilla, Rímac y Jesús María.
La concentración principal se realizará en la zona de Nicolás Ayllón (Nacho), desde donde partirán a las 9:00 horas rumbo al Congreso para entregar documentos con sus demandas. Luego, la movilización continuará hacia el Ministerio de Vivienda, entidad que —según los dirigentes— debe tomar acciones inmediatas para modificar el Decreto Supremo 010-2019 y reclasificar a los mercados como usuarios no domésticos de escala 2.
Pedido al Ejecutivo y advertencia sobre posibles pérdidas
Peralta aseguró que ya han presentado su posición al ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, y esperan una respuesta concreta. Solicitó que se suspendan temporalmente las intervenciones de Sedapal mientras se revisa la normativa. “Necesitamos apoyo, no que nos extorsionen”, expresó, recordando que el sector genera empleo directo e indirecto para más de 4,5 millones de personas a nivel nacional.

El dirigente señaló que solo en un día de paralización los mercados dejarán de mover entre S/ 500 millones y hasta “S/ 800 millones” en todo el país, según sus proyecciones internas. A pesar de ello, insistió en que la medida es necesaria para defender los derechos del sector y garantizar su continuidad.
Posibilidad de diálogo, pero con condiciones
Si bien reconoció que podría evaluarse levantar la movilización en caso de que el Gobierno publique una resolución oficial en El Peruano que atienda sus pedidos, Peralta manifestó desconfianza hacia compromisos verbales o actas sin efecto real. “Mientras no veamos resultados efectivos, no vamos a parar”, advirtió.
El dirigente llamó al presidente José Gerí a intervenir directamente y abrir un espacio de diálogo que incluya a Sedapal y la Sunass. “No podemos seguir pagando año tras año estas multas”, remarcó, insistiendo en que los mercados cumplen un rol clave en la economía y el abastecimiento de alimentos.
La paralización del jueves marcará un nuevo capítulo de tensión entre los comerciantes y la empresa estatal de agua sobre los criterios para fiscalizar vertimientos y residuos líquidos. Mientras tanto, los usuarios deberán considerar medidas alternativas para realizar sus compras ese día, ante el cierre temporal de una parte fundamental de la cadena de abastecimiento en la capital.
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