El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que aplicará el polígrafo a agentes penitenciarios como parte de una estrategia para enfrentar la corrupción y la inseguridad en los penales peruanos. Así lo afirmó Iván Paredes, jefe del INPE, quien explicó en Exitosa Noticias que esta medida se implementará primero en el penal de Lurigancho, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.
Paredes señaló que la utilización del detector de mentiras responde a las disposiciones establecidas en el decreto supremo que regula el estado de emergencia. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de elaboración del protocolo y selección de los primeros agentes que deberán someterse a la prueba en Lurigancho, el penal más grande del país y escenario de recientes intervenciones.
“Ahí vamos a empezar con los agentes penitenciarios. Ellos tienen que pasar su polígrafo”, detalló. El titular del INPE subrayó que este esfuerzo busca fortalecer los controles internos y establecer mecanismos de control permanente sobre el personal. La medida surge como respuesta a una crisis que ha puesto en duda la capacidad del sistema penitenciario para garantizar la seguridad ciudadana.
La decisión de utilizar el polígrafo se toma en un contexto de alta tensión. El estado de emergencia en Lima y Callao fue decretado tras una ola de delitos violentos, incluidas extorsiones y asesinatos por encargo atribuídos a organizaciones criminales que continúan dirigiendo sus operaciones desde el interior de las cárceles.
Las autoridades realizaron operativos para incautar celulares y ordenaron cortes de energía en los penales con el objetivo de interrumpir las comunicaciones ilícitas entre los internos y el exterior. Además, se han reportado recientes fugas de reos y denuncias de corrupción que involucran a funcionarios del propio INPE.
Limitaciones tecnológicas y control penitenciario
En el ámbito tecnológico, el sistema penitenciario enfrenta graves limitaciones. Solo 30 de los 69 penales del país cuentan con bloqueadores de señal, y muchos de estos dispositivos se encuentran obsoletos o inoperativos, reconoció Paredes. Incluso el penal de Challapalca, considerado de máxima seguridad, carece de este mecanismo, lo que evidencia la vulnerabilidad del sistema ante las comunicaciones ilícitas.
Los bloqueadores, instalados hace más de una década, fueron diseñados para interferir señales 2G y 3G, mientras que los teléfonos incautados actualmente operan con tecnología 4G y 5G. Varios equipos siguen fuera de servicio por falta de mantenimiento o deterioro, situación que dificulta el control efectivo de las comunicaciones dentro de los penales.
Exredo denuncia red de corrupción en penal Lurigancho
El funcionamiento interno de los penales, especialmente en Lurigancho, muestra una estructura de poder paralela liderada por los delegados, internos que controlan la vida cotidiana en los pabellones. Un ex recluso describió cómo estos delegados, elegidos entre los presos, administran recursos y gestionan una economía carcelaria donde todo tiene un precio.
“Ellos manipulan todo y cobran el ingreso a los presos recién llegados. Si no pagas, te asignan tareas de limpieza y te humillan”, relató el ex interno.
Según su testimonio, la corrupción afecta todos los niveles del penal. Los delegados recaudan pagos de los internos y entregan sobornos a los agentes de vigilancia y al jefe de seguridad, lo que permite el ingreso de bienes prohibidos y privilegios para ciertos reclusos. “Pagan su coima y les dejan ingresar todo”, afirmó.
El ex recluso mencionó la presencia de antenas satelitales, decodificadores, celulares y acceso regular a drogas dentro del penal, así como servicios similares a los del exterior.
Además, el pago de sobornos también condiciona la reducción de penas por trabajo o estudio, ya que funcionarios del INPE y personal técnico recibirían dinero a cambio de emitir informes favorables sin que los internos participen realmente en estas actividades.
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