Revelan nexo entre César Acuña y juez que decidirá el futuro de Keiko Fujimori

El semanario Hildebrandt en sus trece dio a conocer el presunto nexo entre el exgobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, con el juez de investigación preparatoria nacional Wilson Omar Verástegui Gálvez, quien en las próximos días o semanas decidirá sobre el futuro de Keiko Fujimori.

Verástegui Gálvez tiene a su cargo el denominado caso Cócteles, que esta semana fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional en una sentencia cuestionable. El proceso llegó a su despacho luego de que el juez Víctor Zúñiga declinó a la Corte Superior Nacional y regresó a su cargo de juez en Arequipa.

El magistrado Wilson Verástegui deberá "resolver dentro del más breve término y teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la presente sentencia, la situación jurídica de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi“, tal lo dispone la sentencia del TC.

Nexo con César Acuña

Según Hildebrandt en sus trece, César Acuña tendría un estrecho vínculo con el juez Wilson Omar Verástegui Gálvez. En 2016, informan, el líder de APP publicó una foto junto con el hoy magistrado con una leyenda que daba mayores luces sobre su relación. “Un placer haber recibido la visita de Omar y Ronald Verástegui Gálvez, hijos de un gran amigo mío de mi querido Tacabamba”, escribió. Tiempo después, Acuña borró la publicación.

El juez Wilson Omar Verástegui Gálvez ya intervino antes en el caso Cócteles. En setiembre de este año, levantó todas las restricciones contra Keiko Fujimori al amparo de la Ley 32130, norma que impulsó y respaldó Fuerza Popular.

“Este Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declara la caducidad de las reglas de conducta impuestas a la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchci. En consecuencia, se le impone la comparecencia simple con la sola obligación de acudir al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional las veces que le sea llamada”, resolvió en ese entonces el magistrado.

Ahora, el juez deberá resolver la situación jurídica de Fujimori considerando lo resuelto por el TC, es decir, si archiva definitivamente los cargos por lavado de activos y organización criminal. El fiscal José Domingo Pérez dijo a Hildebrandt en sus trece que pedirán que no se aplique la sentencia del TC.

Piden el archivo definitivo

La abogada Giulliana Loza solicitó al Poder Judicial el archivo definitivo del caso ‘Cócteles’ que involucra a Keiko Fujimori, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el hábeas corpus presentado por la lideresa de Fuerza Popular.

El fallo del TC dejó sin efecto todas las actuaciones previas en la investigación por la presunta financiación irregular de las campañas presidenciales de 2011 y 2016, al determinar que se vulneró el principio de legalidad penal por aplicar una figura jurídica inexistente al momento de los hechos. Además, el tribunal señaló que el proceso excedió el plazo razonable exigido por la Constitución, extendiéndose más allá del tiempo justificado en la administración de justicia.

La defensa de Fujimori argumentó que la investigación nunca debió pasar al ámbito penal, ya que los hechos imputados correspondían únicamente a infracciones administrativas. Giulliana Loza afirmó: “Nosotros hemos solicitado ya al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que, en cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el numeral 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional, proceda inmediatamente al archivo definitivo del caso, de todos los otros cargos también: falsedad genérica, organización criminal y lavado de activos”.

Según la abogada, la acusación por ‘pitufeo’ en la campaña de 2011 no constituía delito, sino una falta administrativa, y la aplicación retroactiva de la figura penal cuestionada contravenía las normas básicas del derecho penal peruano. Loza también sostuvo que la prolongación del proceso se debió a la “falta de objetividad” en la actuación fiscal y a la ausencia de imparcialidad judicial, lo que impidió el archivo temprano del expediente. “Si no hubiéramos tenido un fiscal que lamentablemente actuó con un criterio totalmente sesgado, carente de toda objetividad, este caso no solamente hubiera nacido, no hubiera continuado. Y si hubiéramos tenido un juez imparcial, con una correcta labor en la etapa intermedia, este caso se hubiera archivado definitivamente antes”, manifestó.

El fundamento 96 de la sentencia precisa: “No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”. Por mandato del TC, el juzgado correspondiente deberá archivar el caso en todos sus extremos, incluyendo la acusación fiscal actualizada en julio de 2025.