Nuevas normas del Congreso restan recursos para combatir la inseguridad y reducir la pobreza, según el Consejo Fiscal

El Consejo Fiscal advirtió que las normas con alto costo fiscal aprobadas por el Congreso de la República, así como las que aún se encuentran en proceso de debate, pondrán en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. Según el presidente del organismo, Alonso Segura, el impacto de estas decisiones legislativas reducirá significativamente los recursos disponibles para atender prioridades nacionales como la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de la pobreza.

“Lo que se está generando es una avalancha de nuevas obligaciones que van a limitar en el futuro la capacidad de priorizar cosas como la lucha contra la inseguridad ciudadana o la reducción de la pobreza”, advirtió Segura. El titular del Consejo Fiscal señaló que este incremento desordenado de normas con impacto fiscal amenaza con comprometer la estabilidad económica del Estado.

El organismo fiscalizador subrayó que la situación es preocupante porque no solo se trata de leyes con gasto adicional, sino también de normas que reducen ingresos fiscales. Esta combinación, sostuvo Segura, limita severamente el espacio fiscal disponible y condiciona la capacidad del Gobierno para responder ante demandas sociales y de seguridad ciudadana en los próximos años.

Alerta sobre déficit y deuda

Segura advirtió que el nivel de gasto generado por las leyes aprobadas por el Congreso ha alcanzado una magnitud tan grande que, incluso eliminando algunas prioridades públicas, no se podrá evitar un déficit fiscal creciente ni una trayectoria ascendente de la deuda pública. “La envergadura de lo que se ha aprobado, y lo que está en proceso, es tan grande que ni siquiera eliminando algunas prioridades, que son importantes para la población, alcanzarán los recursos”, explicó.

Ante ello, el Consejo Fiscal pidió que el Congreso detenga la aprobación de normas sin respaldo financiero ni evaluación técnica. “Estamos alertando que esta aprobación sin un adecuado financiamiento y sin identificación de la capacidad fiscal tiene que parar”, señaló Segura.

El funcionario agregó que esta tendencia se ha intensificado en los últimos meses, generando un riesgo fiscal que podría ser difícil de manejar a futuro. Según dijo, la acumulación de compromisos sin sustento financiero provocará desequilibrios que afectarán directamente la ejecución del presupuesto público y la atención de los servicios básicos.

Costo fiscal supera los S/35 mil millones

De acuerdo con las cifras del Consejo Fiscal, durante el actual periodo parlamentario (2021-2026), el Congreso ha promulgado 101 leyes por insistencia, lo que ha generado un costo fiscal total de 35,795 millones de soles. Este monto supera ampliamente lo registrado en los periodos anteriores y refleja un incremento notable en el impacto económico de la actividad legislativa.

“En lo que va del quinquenio 2021-2026 el Congreso promulgó más de 100 leyes con un costo fiscal de casi 36,000 millones de soles, más de lo que ocurrió en los periodos previos”, precisó Segura.

El economista también comparó esta situación con los 15 años anteriores, señalando que el actual Congreso ha aprobado más del triple de leyes con impacto fiscal adverso que sus antecesores. Además, destacó que muchas de esas normas implican compromisos de gasto de varios miles de millones de soles por año, lo que restringe el margen de maniobra del Estado para financiar políticas sociales y programas de seguridad.

Sostenibilidad fiscal afectada

El Consejo Fiscal concluyó que esta tendencia amenaza directamente la sostenibilidad fiscal del país. La acumulación de obligaciones sin respaldo presupuestal compromete la capacidad del Estado para responder a las necesidades más urgentes de la población, especialmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la pobreza.

“Muchas de estas leyes implican compromisos de gasto que ascienden a varios miles de millones de soles por año, lo que limita severamente el espacio fiscal disponible para atender otras prioridades del Estado”, puntualizó Segura.

El organismo reiteró su llamado al Congreso y al Ejecutivo para establecer mecanismos de evaluación rigurosos antes de aprobar nuevas normas con impacto fiscal. Advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el país enfrentará mayores presiones sobre la deuda pública, afectando su capacidad de inversión social y la estabilidad económica a largo plazo.