A partir de la medianoche del 22 de octubre, Lima Metropolitana y el Callao quedaron bajo estado de emergencia por disposición del Ejecutivo, que argumenta que la medida busca frenar la ola de inseguridad. Sin embargo, especialistas advierten que las restricciones impuestas podrían afectar el derecho a la protesta y las marchas ciudadanas convocadas en los próximos días.
El presidente José Jerí anunció la medida en un mensaje a la Nación, asegurando que su gestión pasará “de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”.
El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán definidas con base en inteligencia policial y los denominados “mapas del delito”.
La declaratoria regirá por 30 días, tiempo durante el cual se restringen varias libertades constitucionales, entre ellas la libertad de tránsito, de reunión y de seguridad personal, además de la inviolabilidad del domicilio.
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia a Lima y Callao by Infobae Perú
Restricciones y limitaciones
El decreto prohíbe la circulación de dos adultos en una misma motocicleta, medida que busca reducir los delitos cometidos bajo esa modalidad. También suspende las visitas en penales y ordena el apagón eléctrico nocturno en celdas, con el argumento de reforzar la seguridad penitenciaria.
Además, toda actividad pública, cultural, religiosa o deportiva de carácter masivo deberá contar con autorización expresa de las autoridades competentes. Las reuniones que no impliquen aglomeraciones podrán realizarse sin permiso previo.
Sin embargo, estas restricciones también afectan manifestaciones ciudadanas, lo que podría impedir la realización de marchas y protestas durante el mes que dure la medida.
“No se van a poder realizar movilizaciones”
El presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras Latam, José Saavedra Molina, alertó que el estado de emergencia “suspende derechos básicos” que permitirían a los ciudadanos manifestarse en espacios públicos.
“Las movilizaciones no se van a poder dar. No se van a otorgar permisos para que circulen, porque están suspendidos los derechos de libre tránsito y reunión. Eso significa que no se puede marchar ni reclamar algo en multitud”, explicó en diálogo con Ampliación de Noticias.
Saavedra sostuvo que, aunque los colectivos soliciten permisos, la Prefectura probablemente deniegue las autorizaciones durante la vigencia del estado de emergencia.
“Evidentemente, si piden un permiso, no se los van a dar. No hay garantías, con lo cual los ciudadanos no podrán salir a protestar ni a manifestarse”, añadió.
Generación Z rechaza la medida y convoca a nueva marcha
El anuncio del Ejecutivo fue rechazado por el colectivo juvenil Generación Z, que denunció que el gobierno utiliza la declaratoria para “reprimir la protesta ciudadana” tras la muerte del músico Eduardo Ruiz Sáenz (Trvko) durante las manifestaciones del 15 de octubre.
En un comunicado difundido en redes sociales, el grupo señaló que el decreto busca “criminalizar la organización popular y acallar las voces disidentes”, y calificó al gobierno de Jerí como “ilegítimo y autoritario”.
Pese a las restricciones, la Generación Z ratificó su convocatoria a una movilización nacional para este sábado 25 de octubre, exigiendo justicia por Trvko y la derogatoria de leyes que consideran “pro crimen”.
El colectivo indicó que la concentración se iniciará a las 3:00 p. m. en Plaza San Martín, Plaza Francia, Plaza Dos de Mayo y el Parque Universitario, y que la marcha avanzará hacia el Congreso de la República.
Entre seguridad y derechos
Mientras el Ejecutivo defiende la declaratoria como una acción necesaria frente a la delincuencia, organizaciones civiles y especialistas advierten que el estado de emergencia no debe usarse para restringir derechos ciudadanos ni limitar la protesta social.
Con la medida en marcha, Lima enfrenta un escenario de tensión entre seguridad y libertades democráticas, en medio de un clima político ya marcado por la desconfianza y el descontento social.
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