En plena crisis política y social, el flamante ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció ante el Congreso la ejecución inmediata de la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas, equipos policiales utilizados para la represión de manifestaciones. La declaración se dio durante la sesión conjunta de las comisiones de Defensa y Transportes, convocada para debatir medidas contra la extorsión en el transporte público, pero terminó centrando la atención en la nueva estrategia de seguridad del Ejecutivo frente a las recientes protestas en Lima.
El anuncio llega apenas cinco días después de las movilizaciones nacionales convocadas por colectivos de la Generación Z, donde un manifestante de 32 años, Eduardo Ruiz Sanz, perdió la vida tras recibir un disparo. La jornada, que dejó más de un centenar de heridos entre civiles y policías, reabrió el debate sobre el uso de la fuerza y la falta de protocolos para el control de multitudes.
Ministro confirma ejecución de compras postergadas hace años
Durante su intervención, Vicente Tiburcio explicó que la adquisición de los rochabuses y tanquetas estaba pendiente desde hace casi una década. “Encontramos esto, que tenemos para comprar cuarenta y cuatro Rochabús y cincuenta y seis tanquetas. Esto se viene postergando año a año durante nueve años. Yo inmediatamente he dispuesto: esto se tiene que ejecutar”, declaró ante los parlamentarios.
El ministro señaló que hace 20 años no se compran nuevos rochabuses, y que actualmente ninguna unidad operativa se encuentra en servicio. Por ese motivo, algunas unidades antiguas en mal estado han sido movilizadas “estratégicamente” para cubrir las recientes manifestaciones. “Hoy, en las manifestaciones que hemos tenido, no tenemos ningún Rochabús operativo, pero ya lo tenemos aquí para poder dar esa respuesta a las protestas y hacerlo de la mejor forma profesionalmente”, agregó.
Los rochabuses son camiones blindados equipados con potentes cañones de agua a presión, usados por la Policía Nacional del Perú (PNP) para dispersar multitudes. Su denominación proviene del político Félix Temístocles Rocha, quien en los años 50 promovió su compra. Estos equipos suelen emplearse durante manifestaciones sociales o protestas políticas de gran escala.
El ministro también adelantó que el paquete de adquisiciones incluye la compra de tanquetas para reforzar el patrullaje urbano y la respuesta ante bloqueos o disturbios. No precisó el monto total de inversión ni la procedencia de los fondos, pero aseguró que el proceso forma parte de un programa de modernización del sector Interior.
Fuerzas armadas reprimirían manifestaciones
El ministro Tiburcio indicó también que el Ministerio del Interior mantiene una “sesión permanente” para definir si las Fuerzas Armadas brindarán apoyo operativo en futuras movilizaciones. “Estamos evaluando todos esos puntos y detalles, si va a ser pertinente y cómo nos van a apoyar. Queremos hacer algo diferente, que no sea una zona de emergencia sin resultados”, afirmó.
Según adelantó, la propuesta para regular esta colaboración militar ya está en evaluación por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como parte de un paquete legislativo. De aprobarse, la norma establecería las condiciones bajo las cuales el Ejército podría intervenir en el control de protestas o disturbios, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia las fuerzas del orden y las demandas de justicia por las víctimas de la represión.
El anuncio ocurre mientras el gobierno transitorio de José Jerí enfrenta su primera gran crisis tras las protestas del 15 de octubre, una jornada que dejó al menos un fallecido, 176 heridos y más de 20 detenidos, según reportes oficiales y de la Defensoría del Pueblo. Durante la manifestación, que reunió a miles de ciudadanos en el centro de Lima, la Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos, escudos y perdigones, mientras los manifestantes intentaban avanzar hacia el Congreso.
La muerte de Eduardo Ruiz Sanz —también conocido en el ámbito artístico como Trvko— fue confirmada por el propio jefe de la PNP, general Óscar Arriola, quien pidió disculpas públicas tras identificar al suboficial Luis Magallanes como autor del disparo. El hecho provocó una ola de indignación y reavivó las denuncias de uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, exigieron una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido.
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