Jefe del INPE reconoce falta de personal, corrupción y hacinamiento: “Hay penales donde un agente vigila hasta 500 internos”

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, reconoció la grave situación que atraviesan los penales del país tras las recientes fugas registradas en Piura y Huaral. En entrevista con RPP, reveló que existen establecimientos donde un solo agente debe vigilar hasta 500 internos, una cifra que supera ampliamente el estándar internacional, que recomienda un custodio por cada 30 reclusos.

Paredes explicó que ambos penales presentan una sobrepoblación cercana al 300%, lo que incrementa el riesgo de fugas y limita el control de los pabellones. A ello se suma la falta de personal penitenciario y la existencia de casos de corrupción interna, factores que, según el funcionario, contribuyen a la vulnerabilidad del sistema carcelario.

Fugas en Huaral y Piura revelan el colapso del sistema penitenciario

El titular del INPE detalló que el penal de Huaral alberga cerca de 4 mil 200 internos, pese a tener una capacidad para solo 823 personas, mientras que el de Piura cuenta con alrededor de 4 mil 500 reclusos cuando su límite es de 1.500. “Eso significa que un agente puede estar cuidando a quinientos internos, aproximadamente”, precisó.

Indicó que esta situación no solo refleja el hacinamiento, sino también el deterioro de la seguridad. Según Paredes, en Piura se encuentran internos por extorsión y sicariato, delitos que deberían ser sancionados en un régimen cerrado especial y no en un penal ordinario, como ocurre actualmente. Por ello, anunció una revisión total de la clasificación de los reclusos para reubicar a los de mayor peligrosidad en establecimientos de máxima seguridad.

Déficit de agentes y escuela penitenciaria paralizada

Durante la entrevista, el jefe del INPE subrayó que la falta de personal es uno de los principales problemas estructurales. “Durante tres años, la escuela penitenciaria no ha funcionado”, señaló, al recordar que si se hubiera mantenido el proceso de admisión, el país podría contar hoy con cerca de 3 mil agentes adicionales.

Paredes sostuvo que, mientras la delincuencia aumenta, el número de custodios sigue siendo insuficiente. Añadió que el próximo año se reactivará la escuela del CENECP con el objetivo de formar nuevos agentes y reducir la brecha de personal. Asimismo, insistió en que el hacinamiento y la escasez de vigilancia son factores que dificultan el control interno, especialmente en penales con alta población de procesados por delitos graves.

Corrupción en el sistema y falta de tecnología

El jefe del INPE reconoció que también existen casos de corrupción dentro del personal penitenciario. Aseguró que se implementará el uso de pruebas de polígrafo para los agentes, con el fin de detectar irregularidades y garantizar transparencia. “Aquel agente que no quiera pasar el polígrafo será separado del INPE”, afirmó.

Además, señaló que muchos penales presentan deficiencias en sus sistemas de videovigilancia, equipos de escaneo corporal y concertinas perimetrales, elementos que no se renuevan desde hace varios años. Explicó que se requieren recursos para modernizar la infraestructura y fortalecer los mecanismos de control en los ingresos y pabellones.

Medidas para reforzar la seguridad penitenciaria

Entre las acciones inmediatas, Paredes informó que se están habilitando nuevos pabellones de máxima seguridad para internos de alta peligrosidad. En Ancón I, se acondiciona un espacio para 100 reclusos, mientras que otros similares se implementarán en Challapalca y Cochabamba (Cerro de Pasco).

Asimismo, precisó que se está evaluando la modificación de un decreto supremo para hacer más riguroso el régimen cerrado especial. Sobre la posibilidad de privatizar los sistemas de seguridad, dijo que el tema aún se encuentra en estudio y dependerá de las decisiones del nuevo presidente del INPE y de las instancias superiores del Ejecutivo.

Finalmente, el funcionario reiteró que la prioridad de su gestión será fortalecer el control interno, combatir la corrupción y reducir la sobrepoblación penitenciaria, tres problemas que, según admitió, mantienen al sistema carcelario al borde del colapso.