La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) colocó en el centro de la discusión pública la situación de su estudiante Luis Diego Echevarría Villar, detenido durante la Marcha Nacional del 15 de octubre en el Cercado de Lima.
A través de un comunicado difundido por sus canales oficiales, la PUCP reclamó la liberación inmediata del joven y el respeto a las garantías del debido proceso.
“La universidad continuará brindando seguimiento legal a la situación del estudiante”, precisó la institución en su mensaje.
Según la cobertura de Infobae, la movilización reunió a miles de personas que cuestionaron las decisiones del gobierno de José Jerí y el papel del Congreso de la República.
El caso de Luis Diego Echevarría Villar provocó una ola de reacciones en el entorno universitario y fue acompañado por protestas públicas.
La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC), en conjunto con la federación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, articularon un plantón frente a la sede de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Esta concentración, denominada “Plantón por los detenidos arbitrariamente”, convocó a la comunidad estudiantil y a familiares de los arrestados para exigir el cese de “presiones irregulares” hacia los jóvenes en custodia.
De acuerdo con el Bloque Legal Universitario, Echevarría habría sido instado a suscribir documentos sin la presencia de un fiscal, lo que vulneraría principios elementales del proceso penal peruano.
La abogada Indira Rodríguez, integrante del equipo de defensa, afirmó que “estamos peleando cada paso con los policías y brindando declaraciones a la prensa”, e hizo un llamado para continuar con la denuncia social y la vigilancia pública.
Al menos entre 16 a 20 personas continuaban detenidas en la misma dependencia policial al cierre de la jornada posterior a la protesta.
Preocupación por derechos y uso de la fuerza
La PUCP extendió su preocupación hacia el contexto más amplio de la movilización, señalando en su pronunciamiento el “debilitamiento del respeto a los derechos constitucionales, que protegen la libre expresión del disenso”.
Desde la vocería universitaria, se recordó que “nadie debe morir por ejercer su derecho a manifestarse”, en referencia al fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz.
“Los manifestantes no deben verse expuestos al uso desmedido de la fuerza”, enfatizó la universidad, y reclamó la intervención de las autoridades dentro del marco legal.
El comunicado también ratificó el respaldo psicológico a los estudiantes afectados y la promesa de la universidad de seguir vigilando la situación de los detenidos.
La lista de detenidos, según la periodista Jacqueline Fowks, incluye a personas de distintos rangos de edad y procedencia, con casos como los de Nelson Iván Morey Chuquimango, Walter Chuqui Orccio, Steven Silvano, Rodrigo Limbres Chuquicallata, y otros trasladados a diversos centros de salud o retenidos en la División de Asuntos Sociales.
El pronunciamiento de la PUCP terminó con la reiteración de su demanda de respeto a la protesta pacífica y el rechazo a cualquier uso desproporcionado de la fuerza, instando a la sociedad a mantenerse atenta ante lo que describieron como un momento de fragilidad de las garantías constitucionales en el país.
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