La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la violencia desatada durante las protestas en Lima y exhortó a las autoridades a priorizar la protección de los derechos humanos durante cualquier manifestación social.
En un comunicado oficial, la institución remarcó que el ejercicio del derecho a la protesta debe guiarse por la paz y el respeto tanto a la vida como a la propiedad, posición que sienta un precedente en medio de una coyuntura marcada por disturbios y enfrentamientos.
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El pronunciamiento, difundido tras la marcha más reciente en la capital, recordó a la ciudadanía que la protesta social constituye un derecho fundamental en una sociedad democrática.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que este derecho se debe ejercer sin poner en riesgo la integridad de las personas ni atentar contra bienes públicos o privados.
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Al detallar los incidentes, la entidad subrayó que la marcha comenzó de manera pacífica, pero cerca de las 19:00 horas se registraron episodios de violencia que derivaron en enfrentamientos.
En el balance de víctimas, se reportaron 120 personas heridas: 32 civiles —entre ellos tres menores de edad—, 88 efectivos policiales y una víctima mortal.
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La identificación de los responsables se encuentra bajo investigación de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad, que busca esclarecer las circunstancias y responsables de los hechos. La mayoría de los heridos presentaron policontusiones, de acuerdo con el informe oficial.
Llamado a avanzar con investigaciones
La Defensoría del Pueblo reiteró su rechazo total a cualquier manifestación de violencia, sin distinción del origen. “La democracia se fundamenta en la tolerancia y en el irrestricto respeto de los derechos de las personas en igualdad de condiciones, salvaguardando vida, integridad y propiedad pública y privada”, resalta uno de los fragmentos del comunicado.
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El organismo enfatizó que el anuncio de nuevas movilizaciones pone en relieve la necesidad de que el derecho a la protesta transite dentro de los márgenes de la ley y la no violencia.
En este contexto, la Defensoría demandó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público avanzar con la identificación de los responsables de los actos de violencia durante las protestas.
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El organismo también solicitó especial atención a padres y madres de familia para evitar la exposición de menores a situaciones que puedan poner en peligro su seguridad.
Finalmente, la Defensoría reafirmó su labor fundamental en la defensa de los derechos humanos en el Perú y comunicó que mantendrá el monitoreo constante de la situación social en el país para responder ante cualquier vulneración o riesgo. La entidad reiteró su disposición para actuar ante futuros hechos en el marco de su misión constitucional.
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Agresión a periodistas
La represión policial también alcanzó a periodistas, como el fotógrafo de OjoPúblico, Gabriel García Barandiarán, quien recibió el impacto de un perdigón. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) documentó quince manifestantes heridos, en su mayoría por perdigones, y denunció que la policía negó el derecho a la defensa de los detenidos en algunos casos.
La muerte de Eduardo Ruiz Sanz provocó la movilización de familiares y organizaciones sociales, que acudieron al hospital exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos. El presidente interino, José Jerí, manifestó: “Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, según publicó en su cuenta de X.
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