Herencia del hambre: el fracaso nutricional del gobierno que se fue

La vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso e impulsada por la indignación ciudadana, pone fin a uno de los gobiernos que más desaciertos pareciera haber mostrado en cuanto a la seguridad alimentaria de nuestro país. Mientras el Perú se mantenía como el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica, desde el discurso oficial se afirmaba que “el hambre no existía”, negando la realidad cotidiana de millones de familias.

El balance nutricional de la gestión en cuestión es alarmante. La anemia infantil en menores de tres años alcanzó el 43,7 % según la ENDES 2024, y la desnutrición crónica afectó al 12,1 % de los niños menores de cinco años, las cifras más altas de los últimos años. A pesar de ello, la Presidencia prefirió hablar de “supuestas reducciones de la anemia” en su mensaje a la nación, generando expectativas vacías y debilitando la confianza pública.

Durante este gobierno, el Perú se consolidó como uno de los países con mayores niveles de inseguridad alimentaria en América Latina, ocupando el cuarto lugar con el 41 % de la población que vive sin acceso regular a una alimentación adecuada. Frente a esa evidencia, la respuesta de la presidenta fue una frase que pasará a la historia: “con diez solcitos hacemos sopa, segundo y postrecito”. Esta declaración, pronunciada mientras el costo de la canasta básica seguía en aumento, evidenció una potencial desconexión profunda del poder con la realidad del país.

No se trató de un error aislado, sino de una muestra de cómo el anterior gobierno parece que se hubiera encapsulado en una lógica autocomplaciente, incapaz de comprender el hambre que decía combatir. A ello se sumó el aumento del sueldo presidencial a más de 35 mil soles mensuales, un acto que indignó incluso a sectores antes indiferentes. El contraste era indignante, mientras miles de familias sufrían subalimentación, la presidenta duplicaba su salario.

Los programas alimentarios tampoco escaparon del deterioro y el escándalo. Qali Warma, el antiguo programa de alimentación escolar, fue objeto de denuncias por corrupción y entrega de productos presuntamente en mal estado que derivaron en intoxicaciones masivas. Su anunciado reemplazo, Wasi Mikuna, también terminó envuelto en cuestionamientos y quedó sin efecto. Paralelamente, las ollas comunes denunciaban que el Estado solo destinaba 2.2 soles por ración, un monto insuficiente para garantizar una alimentación digna.

A ello se sumaron los reclamos de agricultores y organizaciones rurales, actores clave para la seguridad alimentaria del país, quienes rechazaron la denominada “Ley Chlimper 2.0” por considerar que otorga nuevos beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras mientras no garantiza medidas efectivas de apoyo a la agricultura familiar, responsable de la mayor parte de los alimentos que abastecen el mercado interno. Así, el círculo se cerró: el gobierno que dijo luchar contra el hambre terminó alimentándolo. La anemia creció, la desnutrición también, la inseguridad alimentaria se mantuvo en millones de personas y los programas sociales se convirtieron en focos de denuncias, improvisación y desconfianza.

Frente a esto, el Perú enfrenta un reto inmenso, reconstruir la confianza y la esperanza desde la mesa de los más vulnerables. No bastará con cambiar de rostro en Palacio si la lógica de gobierno sigue siendo la misma. Se requiere una transformación estructural que devuelva prioridad al derecho a la alimentación, que fortalezca los programas alimentarios con transparencia y enfoque territorial, y que escuche a quienes, desde los comedores populares, las ollas comunes y el campo, han sostenido la alimentación del país cuando el Estado les dio la espalda.

Pero para que ese cambio sea real, la lucha contra la anemia, la desnutrición y la inseguridad alimentaria no puede seguir siendo un eslogan de campaña, debe convertirse en una política de Estado sostenida, financiada y evaluada con rigurosidad. Esto implica garantizar presupuestos suficientes, proteger a la agricultura familiar, base de nuestra soberanía alimentaria, articular salud, nutrición, educación y protección social, y reconocer a las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil como aliadas estratégicas y no como receptoras pasivas.