José Jerí juró como presidente de la República luego de la vacancia de Dina Boluarte. La ceremonia mostró a un Legislativo que no solo asume el control del Ejecutivo, sino que también carga con el peso de decisiones legislativas que, según expertos, afectaron directamente la capacidad del Estado para enfrentar el delito.
La llegada de Jerí ocurre en un contexto de crisis política y desconfianza hacia el Congreso. En los últimos años, ese poder del Estado promovió una serie de leyes que limitaron las facultades de la Fiscalía, debilitaron la colaboración eficaz y restringieron la acción de la Policía frente a actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Las leyes que abrieron espacio a la impunidad
Entre las normas más cuestionadas se encuentra la Ley 32108, conocida por algunos analistas como “la que fortalece al crimen organizado”, debido a que eliminó disposiciones que permitían a la Fiscalía perseguir a organizaciones criminales de forma integral. Esta reforma estableció nuevas limitaciones procesales que, según especialistas, ofrecieron mayor margen de maniobra a las redes delictivas.
A esta se suma la Ley 31990, que modificó el sistema de colaboración eficaz, herramienta fundamental para desarticular bandas y estructuras de corrupción. Con los cambios introducidos, los colaboradores ya no gozan de las mismas garantías ni incentivos para aportar información clave, lo que redujo la efectividad de esta figura judicial en casos de alto impacto.
Restricciones al trabajo policial y avance de la minería ilegal
Otra norma criticada es la Ley 31989, que impide a la Policía Nacional incautar artículos vinculados a la minería ilegal sin autorización previa. Esta medida, aprobada con mayoría parlamentaria, recortó las facultades operativas de los agentes en zonas donde el tráfico de oro y explosivos está directamente relacionado con organizaciones criminales.
A través de un informe realizado por Latina Noticias, se advierte que la minería ilegal se ha convertido en una fuente de financiamiento para mafias dedicadas al lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas. Con la nueva legislación, las operaciones policiales en Madre de Dios, Puno y otras regiones se redujeron significativamente, lo que facilitó la expansión de estas redes.
Beneficios judiciales y leyes con nombre propio
El Congreso también aprobó la Ley 31761, que modificó el Código Penal en materia de prescripción, lo que permitió que políticos con procesos judiciales eviten condenas por vencimiento de plazos. Este cambio fue interpretado por juristas como una norma hecha a la medida de ciertos congresistas y exfuncionarios investigados.
Asimismo, la Ley 32107, vinculada a los delitos de lesa humanidad, introdujo una fórmula de amnistía que podría beneficiar a implicados en violaciones de derechos humanos ocurridas entre las décadas de 1980 y 1990. Diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron que esta disposición representa un retroceso en materia de justicia y memoria histórica.
Un Congreso bajo la lupa
Desde su transmisión del cambio de mando, se recordó que varios de los actuales legisladores votaron a favor de normas que redujeron las competencias de jueces y fiscales en casos de crimen organizado. Según especialistas entrevistados por ese medio, estas decisiones reflejan un patrón de autoprotección política dentro del Parlamento.
Con José Jerí al mando del Ejecutivo, el Congreso asume un doble rol: el de gobernar y el de responder por las leyes que, según críticos, debilitaron el combate a la corrupción y a las mafias. Mientras el país enfrenta una creciente ola de inseguridad, el debate sobre la responsabilidad legislativa vuelve al centro de la escena política.
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