La investigación fiscal sobre una presunta organización dedicada al despojo de propiedades de personas fallecidas abrió una nueva línea de preocupación sobre la seguridad jurídica de los inmuebles en el país. Las diligencias realizadas por las autoridades apuntan a una estructura que habría operado durante más de una década mediante la identificación de viviendas cuyos propietarios ya no se encontraban con vida.
Según la información difundida por ATV, la red habría obtenido ganancias millonarias a partir de la apropiación, venta y alquiler de predios. La organización, conocida por las autoridades bajo la denominación vinculada al alias “Tío Luigi”, contaría con la participación de diversos actores que facilitaban el acceso a información y la ejecución de trámites relacionados con los inmuebles.
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Las pesquisas también alcanzan a trabajadores de entidades públicas y profesionales que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían cumplido funciones específicas dentro del esquema investigado. El caso vuelve a poner en debate los mecanismos de protección de la propiedad y los procedimientos que deben seguir las familias tras el fallecimiento de un propietario.
Una modalidad centrada en inmuebles de personas fallecidas
De acuerdo con la información, la organización identificaba propiedades cuyos dueños habían fallecido. A partir de ese punto, los integrantes de la red presuntamente recurrían a documentación falsificada para aparentar derechos sobre los bienes y avanzar con su ocupación.
La investigación sostiene que los inmuebles eran utilizados posteriormente para actividades comerciales. Entre las modalidades detectadas figuran el alquiler, la venta y otras formas de explotación económica de las propiedades.
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Las autoridades sospechan que estas operaciones se desarrollaron durante más de diez años. Según los datos difundidos en el programa televisivo, las ganancias obtenidas por la organización alcanzarían los 25 millones de dólares.
El papel atribuido a un trabajador de Sedapal
Uno de los nombres mencionados en la investigación es el de César Augusto Villanueva, trabajador de Sedapal. Según la versión expuesta en ATV, su función consistía en verificar inmuebles mediante información relacionada con el consumo de agua.
La hipótesis fiscal señala que esa información permitía detectar viviendas cuyos propietarios habrían fallecido o propiedades que permanecían sin actividad. A partir de esos datos, la organización iniciaba las acciones para intentar tomar control de los bienes.
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Durante la entrevista, también se presentó una comunicación atribuida al padre del trabajador investigado. En ella se escucha el siguiente mensaje: “César, ¿cuándo vas a ir a ver el agua? Así encuentras casas botadas que no tienen dueño, que estén tiradas en sitios grandes. Avísame, pues”.
Consultado sobre las posibles consecuencias legales, el abogado inmobiliario Jair Peralta precisó que, si la existencia de una organización criminal llega a comprobarse, las personas involucradas podrían afrontar responsabilidades penales. “Definitivamente enfrentará un proceso penal y veremos cuáles son las consecuencias. Posiblemente termine él pagando años de cárcel”, indicó.
La presunta participación de funcionarios y abogados
La investigación también involucra a una funcionaria de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Según la información difundida por ATV, Carmen Martínez Galván habría intervenido en la validación de expedientes que luego permitían la transferencia de inmuebles.
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El caso incluye además a abogados que, presuntamente, elaboraban documentación utilizada en las operaciones investigadas. Entre ellos figura José Luis Polo Ramos, quien fue intervenido durante las diligencias realizadas por las autoridades.
Peralta explicó que los profesionales del derecho tienen obligaciones vinculadas a la revisión de los actos jurídicos en los que participan. “Si yo voy a firmar y voy a sellar un documento, es mi responsabilidad saber qué es lo que hay detrás del documento, cuál es la operación que se está haciendo”, sostuvo.
El especialista añadió que la responsabilidad penal dependerá del grado de conocimiento y participación que cada persona haya tenido dentro de los hechos investigados.
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