La provincia de La Convención, en el corazón de Cusco, se convirtió en escenario de una medida sin precedentes tras la confirmación de que cuatro empresas de canotaje fueron suspendidas por un año por operar en zonas no autorizadas del río Vilcanota.
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco comunicó la decisión luego de constatar, en un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), la prestación de servicios turísticos en segmentos expresamente vetados por la autoridad.
Este caso, publicado a raíz del acceso a resoluciones y actas oficiales, arroja nueva luz sobre el control de la formalidad en el sector de turismo de aventura.
El operativo en cuestión fue realizado el 20 de febrero en la zona del Puente Antiguo del distrito de Maranura. De acuerdo con los documentos, la infracción se produjo en medio de la prohibición regional vigente entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, una disposición formalizada mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 115-2024-GR CUSCO/GERCETUR-GR.
La sanción alcanza a la empresa Ex Buena Línea Expediciones S.R.L., que enfrentará la cancelación del servicio de canotaje durante un año, tras verificarse que ofrecía recorridos fuera de los márgenes regulados.
Vicma Adventure y los conductores Rudne Ascona Merma y Quendi Yeferson Castro Boños también fueron señalados con idéntica medida tras corroborarse su actividad en áreas restringidas.
Reacción oficial y argumentos normativos
El hallazgo derivó de un proceso de fiscalización documentado en actas firmadas sin observaciones por los implicados, de acuerdo con fuentes de la Gercetur.
La autoridad regional estableció que los sancionados infringieron el Decreto Supremo N.° 006-2016-MINCETUR y su modificatoria N.° 006-2018-MINCETUR, normativas que exigen a los operadores turísticos actuar solo en secciones autorizadas de los ríos.
Además, resultó vulnerada la Ley General de Turismo N.° 29408, cuyo articulado protege los principios de seguridad y formalidad en favor de visitantes y operadores acreditados.
A lo largo del proceso, las autoridades recalcaron que los prestadores de servicios turísticos deben ceñirse a las evaluaciones técnicas de la Comisión Técnica de Canotaje y operar exclusivamente en zonas permitidas y en períodos seguros, para evitar poner en riesgo la integridad de usuarios y turistas.
La gestión de Rosendo Baca Palomino, gerente regional de la Gercetur, ha puesto énfasis en que la finalidad de las sanciones es promover “la responsabilidad y el cumplimiento de la normativa en actividades de alto riesgo, como el canotaje”.
Baca subrayó que no se busca castigar, sino garantizar un marco regulatorio efectivo en el turismo de aventura. El funcionario confirmó que la entidad continúa tramitando nuevos procedimientos administrativos sancionadores contra operadores de diversos rubros turísticos bajo vigilancia y cumplimiento normativo permanente.
Las repercusiones de este caso reavivan el debate sobre el equilibrio entre turismo sostenible y control estatal, en momentos en que la demanda de actividades de aventura exige mayor supervisión y transparencia en el sector. Mientras tanto, la ciudadanía y organizaciones turísticas permanecerán a la espera del desenlace de los procesos actualmente en trámite.
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