CCL: casos de extorsión y sicariato avanzan casi 500% en cinco años y amenazan a más de 2 millones de empresas en Perú

La muerte de un conductor de bus ocurrida este fin de semana desencadenó un paro general en el transporte público de Lima, generando el bloqueo de rutas y la paralización de miles de empresas. Los gremios empresariales y las compañías afectadas reclaman al Gobierno acciones eficaces contra la ola de extorsión que imponen mafias y organizaciones criminales, las que comprometen la rentabilidad y el empleo en sectores estratégicos como el transporte, comercio y construcción.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), más de 2 millones de empresas enfrentan en 2025 un entorno asfixiado por la criminalidad organizada. El gremio empresarial advierte que delitos como la extorsión y el sicariato operados por mafias internacionales han dejado de ser hechos aislados, para convertirse en la mayor amenaza contra la inversión privada, el empleo formal y la recaudación tributaria. La situación es todavía más tensa en sectores donde predomina la informalidad y los márgenes de ganancia dependen de la continuidad operativa.

Extorsión y sicariato amenazan a más de 2 millones de empresas en el Perú

Los datos recopilados por la CCL permiten dimensionar el impacto. Los casos de extorsión aumentaron un 478% entre 2019 y 2024: en cifras absolutas, las denuncias pasaron de 3.872 a 22.400 en ese periodo.

Para 2025, la proyección es preocupante, ya que en solo nueve meses del año, el total de denuncias alcanza el 82% del monto registrado en todo 2024. Este crecimiento jalona a sectores como el transporte y la construcción a un estado de emergencia permanente, elevando los gastos en seguridad, seguros y protección privada.

La distribución del delito no es homogénea. Lima, con 8.670 denuncias de extorsión en 2025, lidera el ranking nacional, seguida por La Libertad (3.097), Piura (2.054), Lambayeque (715) y Callao (633). Estas cinco regiones representan el 78,4% del total de denuncias del país, concentrando el impacto financiero y reputacional sobre el tejido empresarial costero, que agrupa a la mayoría de empresas formales e informales del país.

Las consecuencias para la economía son palpables, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL: empresas postergan inversiones, modifican rutas logísticas y trasladan los sobrecostos a sus productos y servicios, erosionando su competitividad.

Casos de extorsión aumentan 478% en Perú en los últimos cinco años

El análisis del presupuesto público muestra un reparto desigual que, según la CCL, limita la capacidad de respuesta estatal. En 2025, el Ministerio del Interior recibe 14.304 millones de soles, con un proyecto de incremento de casi 50% para 2026.

No obstante, el presupuesto per cápita muestra disparidades críticas: Lima dispone de 385 soles al año por habitante en seguridad pública, mientras en La Libertad y Piura esa cifra apenas alcanza 82 y 85 soles respectivamente. Esta diferencia resulta relevante ya que ambas regiones concentran la mayoría de extorsiones y un alto porcentaje de homicidios fuera de la capital.

En orden, las diez ciudades que más recursos per cápita concentran para esta cruzada contra la inseguridad son Lima, Cusco, Tumbes, Apurímac, Tacna, Moquegua, Arequipa, Huancavelica, Amazonas y San Martín.

Homicidios en Perú alcanzan 1.684 casos en 2025, promedio de 6,4 diarios

La violencia impacta directamente en el costo de operar. El sector transporte, núcleo del paro actual, ha registrado el asesinato de 46 conductores sólo en Lima y Callao durante el último año. En la construcción, especialmente en ciudades como Trujillo, el riesgo ha llevado a paralizaciones periódicas de obras. Todo ello incrementa los costos operativos, debilita la confianza en el entorno de negocios y eleva los niveles de informalidad.

Finalmente, la estadística de homicidios profundiza el panorama. En lo que va del año, el Sistema Informático Nacional de Defunciones anota 1.684 asesinatos, con un promedio diario de 6,4. El deterioro acelerado de la seguridad pública crea un entorno restrictivo que limita la recuperación económica y desafía al Gobierno a rediseñar tanto su estrategia como la asignación de recursos, con énfasis en regiones donde la criminalidad frena el crecimiento y la formalización empresarial.