Juan Carlos Castro, el ‘destrabador’: ANA aclara al MINAM que demoras en aprobación de proyectos son por empresas que no subsanan

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha anunciado resultados históricos en la viabilización de inversiones en Perú para 2025, con la aprobación de informes técnicos que suman más de 18 131 millones de dólares al capital nacional. Esta cifra representa más del doble de lo gestionado en 2023 y cerca de cinco veces la cantidad alcanzada en 2022.

Según el comunicado oficial del organismo, este aumento del flujo de inversiones se atribuye a una optimización de procesos internos y a una reorganización en la estructura del personal especializado, incluyendo la creación de tres nuevas unidades funcionales que, según la entidad, han permitido “maximizar la eficiencia de los ingenieros y profesionales implicados en las evaluaciones”.

Ministro del Ambiente exige reestructuración de ANA y Senace

El anuncio de la ANA se produce tras las recientes declaraciones del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien demandó una reestructuración tanto del Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) como de la ANA misma. Castro responsabilizó a ambas instituciones de los retrasos en la aprobación de proyectos de inversión y señaló que las demoras afectan la imagen del país frente a inversionistas nacionales y extranjeros.

Entre las medidas planteadas desde el Ejecutivo destacan el fortalecimiento de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la ANA y la implementación de nuevos plazos para la actualización de términos de referencia, con la meta de reducir tiempos y dar mayor predictibilidad a los procesos de certificación ambiental.

ANA anuncia récord en viabilización de inversiones para 2025

De acuerdo con el jefe de la ANA, José Musayón, la transformación interna ha permitido enfrentar un crecimiento del 100% en la cantidad de proyectos ingresados para revisión durante el último año. A pesar del aumento de expedientes, la dotación de personal, presupuesto y los plazos establecidos por ley se mantuvieron sin cambios, lo que obligó a buscar alternativas para acelerar los procedimientos.

“Se constituyeron 3 unidades funcionales que maximizaron la eficiencia de los ingenieros y profesionales implicados en las evaluaciones, una acción inédita en gestiones anteriores”, declaró el funcionario en el comunicado institucional.

La explicación sobre las demoras, según la ANA, no puede atribuirse exclusivamente al trabajo del organismo. Musayón recalcó que la ANA no recibe los proyectos ambientales de forma directa: “Es el Senace el que recaba los expedientes y deriva la evaluación a entidades especializadas, como la nuestra, según el caso y en el plazo que estime conveniente”.

En su rol como entidad técnica normativa, la ANA supervisa centenares de informes técnicos al mes, pero debe ajustarse a las fases y tiempos que determina el proceso centralizado de evaluación del Senace.

ANA defiende su gestión y pide mayor coordinación interinstitucional

En su comunicado, el ANA aclara que cumple el plazo legal de 45 días para emitir sus opiniones técnicas, que luego remite al Senace para la resolución final. Sin embargo, el retraso suele generarse en la etapa de subsanaciones, cuando las empresas demoran meses en realizar las correcciones requeridas, lo que puede suceder múltiples veces con cada expediente. Cada envío de información obliga a una nueva revisión íntegra del expediente.

Ejemplos como los proyectos mineros Pampa del Pongo o Retamas ilustran estas complicaciones. En otro caso, el proyecto Romina, la ANA enfatiza que una intervención del certificador ambiental en temas de competencia exclusiva del organismo motivó observaciones y revisiones adicionales, a pesar de haberse aprobado previamente el expediente.

Para la ANA, la gestión efectiva del agua y la viabilidad de proyectos de inversión dependen de una mayor articulación entre instituciones y de la claridad sobre las responsabilidades de cada ente. El comunicado concluye solicitando un sinceramiento institucional sobre los factores que contribuyen a las demoras, en lugar de limitarlas a un solo responsable técnico, e invita a enfocar el trabajo conjunto en beneficio del país.