
La jornada del jueves 2 de octubre en Lima y Callao estará marcada por un paro masivo del transporte público urbano. Voceros del sector anticipan la salida de circulación de al menos 10 mil unidades, lo que representa el impacto más contundente para la movilidad de la ciudad en lo que va del año. En medio de la incertidumbre que generará esta paralización, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó el cierre de una de sus sedes, con el objetivo de resguardar al personal y a la ciudadanía.
Se trata de la Oficina Registral Ancash, ubicada en Jr. Ancash N.º 336-340 y 344, en el distrito de Cercado de Lima. A través de un comunicado, la entidad exhortó a los usuarios de Lima a priorizar los trámites virtuales accediendo a su página institucional www.reniec.gob.pe, plataforma que habilita diversos servicios de identificación y estado civil de manera remota.

El paro, convocado por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, responde al profundo malestar del sector ante la escalada de inseguridad, extorsión y violencia que afecta cotidianamente a conductores y pasajeros. Según explicó Héctor Vargas, presidente de la coordinadora, más de 450 empresas, incluyendo líneas emblemáticas como Santa Catalina, suspenderán sus actividades.
En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Vargas afirmó que la paralización se debe a la “falta de voluntad política” y la ausencia de propuestas concretas ante una serie de crímenes persistentes. “Vemos con mucha preocupación que nuestros compañeros transportistas salen a marchar y no haya una autoridad, alguien que reciba, converse y proponga alternativas de solución”, manifestó el dirigente, reflejando el clima de tensión que atraviesa el sector.
Entre las acciones previstas para enfrentar el paro, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que pondrá en funcionamiento desvíos y reforzará la presencia policial a lo largo de las rutas que concentran mayor demanda. También anticipó el uso excepcional de buses policiales para reforzar el traslado de pasajeros en corredores estratégicos.
El movimiento, definido por los gremios transportistas como una “medida de supervivencia”, obtuvo el respaldo de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Los testimonios de afectados, publicados por Exitosa, relataron episodios recientes donde criminales abrieron fuego contra instalaciones empresariales actuando frente a trabajadores y pasajeros. La presión de la extorsión motivó el paro, catalogado por los organizadores como un mensaje urgente a las autoridades.

Mientras parte de la dirigencia se movilizará hasta el Congreso de la República para presentar una propuesta legislativa, la expectativa del gremio recae en la creación de “una unidad de élite representada por lo mejor de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial”. “Buscamos un antes y un después para la seguridad del transporte”, enfatizó Vargas.
La respuesta institucional ha sido limitada ante la denuncia recurrente del incumplimiento de la instalación de cámaras y el patrullaje sectorizado prometido por la Policía Nacional. Desde el entorno gremial, la desconfianza predomina: “La confianza en las autoridades actuales se ha perdido por completo”, aseguró Vargas.
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